Culiacán, zona de guerra
El paisaje que queda en Sinaloa tras la captura y detención de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del ex capo Joaquín Guzmán Loera del Cártel de Sinaloa, es el de una población y un territorio afectada en un contexto de guerra a gran escala.
El saldo del enfrentamiento entre las fuerzas públicas, al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y el Ejército privado al servicio de una de las principales empresas del capitalismo ilegal en México es el de una movilización de miles de elementos de ambos bandos que tuvieron refriegas con armas de fuego hasta por 12 horas, al menos en la localidad de Jesús María, donde fue capturado Ovidio Guzmán; la paralización de todas las actividades laborales, educativas, gubernamentales y recreativas que prácticamente mantuvieron en estado de sitio y de guerra a más de tres millones de pobladores de Sinaloa, entre ellos 808 mil en Culiacán, medio millón en Mazatlán y 300 mil habitantes en Los Mochis.
El parte presentado por el titular de la Sedena, General Luis Cresencio Sandoval, confirmó la muerte de 10 militares y 19 presuntos agresores, además de 35 heridos y 22 detenidos.
Pero la afectación a la población de Sinaloa fue mayor durante ese operativo de guerra realizado el pasado 5 de enero en esa entidad para capturar a uno de los herederos del “feudo de drogas y muerte del ‘Chapo’ Guzmán” (como bien lo denominan los colegas de Río Doce), fue mucho mayor.
Entre afectaciones se registró que a 250 propietarios les arrebataron sus vehículos; la carretera Durango-Mazatlán estuvo cerrada casi todo ese día dejando detenidos cientos de autos y vehículos de carga; miles de usuarios de transporte se quedaron varados: se cancelaron 107 vuelos desde o hacia las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, mientras que las empresas de transporte de pasajeros pararon operaciones, dejando sin movilidad a cientos de pasajeros en la Central Camionera de Mazatlán. En este caso se reportó la ayuda con comida y hospedaje a 350 personas afectadas por parte del gobierno de Sinaloa.
Además ocurrió un intento de motín en el penal de Aguaruto, hubo saqueos a comercios; y se desencadenó un enfrentamiento armado al interior del Aeropuerto de Culiacán: un avión de la fuerza Aérea Mexicana y de Aeroméxico recibieron disparos de armas de fuego.
Además, al menos ocho periodistas que cubrían los hechos del jueves en Culiacán fueron agredidos y despojados de sus herramientas de trabajo, según documentó el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa.
El jueves por la mañana Culiacán, Los Mochis y Mazatlán se convirtieron en ciudades fantasmas: todas las operaciones laborales, educativas, gubernamentales y recreativas pararon. Más de tres millones de habitantes de Sinaloa, 808 mil en Culiacán, vivieron un virtual toque de queda y se suspendieron todas las actividades por temor de la población civil a quedar atrapados de nuevo en el fuego cruzado de las fuerzas armadas públicas y las privadas pagadas por el Cártel de Sinaloa.
Pero quizá el ejemplo más dramático de vivir en este fuego cruzado lo vivieron los habitantes de la sindicatura de Jesús María, la población donde inició el operativo militar el pasado jueves y donde radicaba y fue capturado Ovidio Guzmán.
De acuerdo a una crónica de Alejandro Monjardín en el portal de Río Doce, los pobladores de Jesús María vivieron en virtual toque de queda por 36 horas y padecieron doce de horas de enfrentamiento a balazos desde las 4:00 horas del jueves 5 de enero, hasta cerca de las 18:00 horas de ese mismo día. Duraron casi dos días sin agua, sin señal de teléfono y casi sin alimentos.
“‘Era una guerra, fue un horror lo que vivimos’”, comenta una de las habitantes. Durante las 12 horas que duraron los tiroteos, estuvieron escondidos debajo de las camas y luego siguieron encerrados en sus casas porque los soldados no los dejaban salir a la calle hasta cerca de las 17:00 horas de hoy”, relató Alejandro Monjardin en Río Doce.
Y aunque el Gobierno federal y estatal no han reconocido bajas civiles en la batalla del jueves 5, pobladores de Jesús María afirmaron que sí hubo heridos. “De acuerdo con los habitantes, ayer por la mañana [viernes 6], cuando aparentemente ya habían cesado los balazos, un niño de entre 10 y 12 años, salió de su casa y un soldado le disparó a la cabeza. El menor quedó herido y hasta hoy los militares les permitieron que lo trasladaran a un hospital. Otros dos adultos resultaron heridos de una pierna y un brazo cuando les cayeron balas que traspasaron sus techos de lámina”, reveló el diario Río Doce: (https://bit.ly/3ZlO4M0).
Son relatos de escenas de violencia que se escuchan en otros países donde abiertamente se vive una guerra entre naciones, una guerra civil o invasiones. Pero ocurre aquí mismo en el México de nuestros días.
Todas estas crónicas, testimonios y saldos de la batalla del pasado jueves nos confirman que México vive una guerra que el Estado no reconoce como tal. Y no es sólo Sinaloa. Este 2023 inició con una operación de fuga masiva en el penal de Ciudad Juárez y la extensión de la violencia, la guerra, al resto de la ciudad en los días siguientes.
No es cierto que se haya desplegado una guerra contra el crimen organizado, es una guerra que padece de manera abierta la sociedad en general, con las operaciones de fuerza a gran escala, como la que se desplegó el jueves 5 de enero, o con la violencia organizada cotidiana y sistemática que deja día a día casi 100 asesinados, decenas de desaparecidos, algunos desmembrados o ocultos en fosas clandestinas; sin contar los heridos, las poblaciones desplazadas, los huérfanos y viudas que deja esta sangrienta guerra que padece la sociedad mexicana.
Las estrategias de seguridad desplegadas por gobiernos del PAN, del PRI y ahora por Morena no han funcionado. Este Gobierno arrancó con un bono político de legitimidad al derrotar a la partidocracia tradicional y al ofrecer cambio de políticas en diversas áreas, entre ellas en seguridad y un enfoque distinto para enfrentar la distribución y consumo de drogas.
Pudo arrancar el sexenio legalizando las drogas para disminuir los incentivos del uso de la violencia y los ejércitos privados al servicio de los cárteles del narcotráfico. Pero ya al último tercio del sexenio, no tiene tiempo ni interés el Gobierno de la Cuarta Transformación para emprender estrategias distintas y radicales para enfrentar el tráfico ilegal de drogas. Entre tanto, la sociedad mexicana se desangra en esta guerra donde la violencia es funcional para distintos negocios lucrativos del capitalismo ilegal.