Crisis de desaparecidos en Sinaloa

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El Gobernador Mario López Valdés celebró durante toda su administración la reducción de los homicidios hasta en un 88 por ciento, y no lo atribuyó al fin de la guerra entre los Zambada-Guzmán y los Beltrán Leyva, sino al trabajo del Grupo Élite. No obstante, mientras que desde la Gubernatura se mostraban los números positivos de la seguridad, en las calles y en las oficinas de la Procuraduría se manifestaban los familiares de personas víctimas de la desaparición forzada que exigían resultados en las investigaciones sobre el paradero de sus hijos.

En el 2016, ante los reclamos de los familiares, el Secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, declaró a la prensa que la base de datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado contaba entre 400 y 500 registros de personas desaparecidas, una cifra que las familias víctimas calificaron como “difícil de creer”. Entre el 2014 y el 2016, el grupo de búsqueda de Las Rastreadoras de El Fuerte, el primero en organizarse en Sinaloa, había encontrado al menos 70 cuerpos en fosas clandestinas y sólo en el norte del estado.

En esa misma política del silencio que buscaba negar la crisis de desaparición forzada, el Gobernador Mario López Valdés, en ese mismo año, dijo a los medios de comunicación que el 90 por ciento de éstos eran asesinados porque “andaban en malos pasos”, criminalizando así a las víctimas de la violencia y contribuyendo a la normalización de ésta. En ninguno de sus informes de gobierno se menciona el tema de los desparecidos, y cuando hubo declaraciones públicas fueron resultado de los cuestionamientos de la prensa. Así, se convirtió durante los primeros años de su gobierno en un tema del que no se hablaba en la administración y poco se abordaba por la prensa.

La política de silencio respecto a la búsqueda de desaparecidos tuvo un primer desafío en la conformación de Las Rastreadoras de El Fuerte, un grupo de mujeres lidereadas por la valiente Mirna Nereida Medina Quiñonez. En cuanto a la opinión pública y los medios de comunicación, en el 2014, un evento que provocó reacciones respecto a los desaparecidos y colocó el tema en la discusión y preocupación de la ciudadanía fue el asesinato de la activista Sandra Luz Hernández, quien buscaba a su hijo Edgar desde el 2012 (Miriam Ramírez escribió un buen reportaje sobre esto para Riodoce).

El asesinato de Sandra Luz, y la liberación de su asesino confeso por “falta de pruebas”, ocasionó en un inicio que otros padres que buscaban a sus hijos, y activistas que los acompañaban se replegaran atemorizaros. No obstante, al poco tiempo, ante la indignación por la pobre actuación de las autoridades protegiendo a los activistas y garantizando la justicia, los familiares buscaron conformarse en organizaciones más formales, perfeccionar protocolos de búsqueda y autocuidado, y establecer redes de contacto con otros grupos de búsqueda en el estado y en el país. Ahora mismo trabajan con otros grupos en el país en la propuesta que presentaron ante la Corte Interamericana para que se implemente en México el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

Pocos meses después del asesinato de Sandra Luz, la desaparición de los jóvenes normalistas en Iguala y Ayotzinapa, Guerrero, conmocionó a la opinión internacional y llamó la atención a la crisis de desaparecidos derivada de la violencia y la colusión de las autoridades con los grupos del narcotráfico. En los medios de comunicación en Sinaloa la discusión logró posicionarse, y los grupos de búsqueda comenzaron a tener presencia en los medios de comunicación, con lo que creció en cierto sector de la sociedad el apoyo y la solidaridad con los familiares de desaparecidos. Además, estos grupos por primera vez denunciaron en público la participación de agentes de la policía en la mayor parte de los delitos que cometieron en contra de sus familiares.

En el pasado Informe de Gobierno de Quirino Ordaz se hizo mención a la solidaridad y apoyo que requieren los grupos de búsqueda, y esta semana el Gobernador habló de darles reconocimiento. No obstante, en este mismo año, el presupuesto asignado a la búsqueda de las más de 2 mil personas desaparecidas (según datos oficiales) es mínimo, y se ha hecho poco para mejorar las capacidades forenses para identificar los restos humanos que han encontrado Sabuesos, Rastreadoras y otros colectivos. Además, aún no queda clara la estrategia para hacer justicia, y no sólo encontrar, a las víctimas de este tipo de violencia.

Es necesario que la sociedad reconozca a los grupos, pero el Gobierno del Estado debe reconocer y atender la crisis de desaparecidos que enfrenta Sinaloa. Si no se proponen estrategias contundentes los avances de la administración de Quirino, con respecto a los de su predecesor Malova, no serán más que los de nombrar el problema y dar un apapacho de aliento a los familiares.