Crímenes que renuevan el miedo ciudadano
Rastros de barbarie, de Tamazula a Culiacán

Bajo ninguna circunstancia el Gobernador Rubén Rocha Moya debe permitir que regresen a Sinaloa los hechos de sangre que suceden aquí o vienen de fuera reeditando el desafío y crueldad de grupos criminales, como el ocurrido el sábado en Tamazula, Durango, con ocho asesinatos vinculados al secuestro de un adulto y un menor de edad en Culiacán, el 24 de octubre. Independientemente de los informes que le den, reportes del estado de cosas que resultan tardíos frente al multihomicidio ya consumado, hoy el Mandatario estatal tendría que dar un manotazo en la Mesa de Coordinación de la Seguridad Pública.

O mejor dicho, a lo que está obligado es al golpe de timón en las políticas de combate a la violencia por lo evidente de operativos incapaces de detectar a numerosas células delictivas que actúan a sus anchas, como aquella que durante cuatro días debió realizar alguna planeación de retención, tortura y aniquilación de ocho personas, aparte de darse el tiempo para cometer el desafío de dispersar los cuerpos de los inmolados a la vista de todos, menos de las instituciones y funcionarios a cargo de garantizar la ley y el orden.

Dígase lo que se diga, la logística de la fuerza pública si es que existió, fue superada por la de sicarios que recorrieron kilómetros con los dos sinaloenses privados de la libertad, hicieron gala de máxima crueldad, y actuaron como poder de facto dándole a las víctimas la función de moraleja infame para la delincuencia rival. Ningún asomo de piedad, ni siquiera para los niños; nula obediencia al sistema de persecución y castigo a delitos, sabiéndose inalcanzables los malhechores.

Y la garantía de gobernabilidad tiene que ver con que la fuerza de la ley contenga todo ataque de personas o catervas que se crean con el suficiente poder ilegítimo para crear un modo propio de sometimiento de la comunidad a sus designios. De la voluntad y posibilidad de prevenir la acción criminal, o bien hacer que paguen ante la justicia los rebeldes al Estado de derecho, depende la construcción de paz sostenida sin los intervalos presentes de salvajismo.

Rocha Moya tiene ante sí dos focos rojos encendidos en materia de seguridad pública que lo obligan a lograr mayor eficiencia de los pelotones de soldados, destacamentos numerosos de la Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva, Policía Investigadora y, sobre todo, al General de División retirado Gerardo Mérida Sánchez, enviado por la Secretaría de la Defensa Nacional para hacerse cargo de la protección a los sinaloenses. Los feminicidios al alza, y los episodios sanguinolentos de alto impacto como el de Tamazula o el del Policía Municipal asesinado ayer en Eldorado, exhortan a ver más allá de las estadísticas delictivas para otear el miedo que el olfato de la gente de bien comienza a intuir.

Él es el Gobernador y le toca exigir que las labores de inteligencia militar que sí tienen capacidad para implementar el Ejército y la Marina Armada de México, se anticipen a eventos dantescos como el del amanecer del 28 de octubre en Tamazula que rompe las proyecciones de paz pública duradera y retoma la barbarie de tiempos no tan viejos. En elemental consideración a la ciudadanía atemorizada por el posible retorno de los días de terror, debe revisar y en su caso ajustar o replantear el modelo actual de seguridad pública.

Nunca más el desasosiego generalizado que reinó en el territorio sinaloense por la ruptura de los hermanos Beltrán Leyva con el Cártel de Sinaloa, en 2008; el enfrentamiento entre los hijos de Joaquín Guzmán Loera y Dámaso López, padre e hijo, en 2017, o los “Culiacanazos” del 17 de octubre de 2019 y 5 de enero de 2023. Ningún retroceso hacia el inventario horrendo de los 2 mil 250 asesinatos por año como el de 2010 que cerró el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, o los 7 mil 726 homicidios dolosos cometidos de 2011 a 2016, en el gobierno de Mario López Valdez.

Nunca más la impunidad precursora de cualquier forma de delincuencia. Se volverá a repetir que Sinaloa es mucho más que los hechos de nota roja, pero llegó la hora de declarar a la tierra de los once ríos exenta de crónicas policiacas que emanan de la autenticidad y que la única forma de contrarrestarlas es la mano firme del gobierno y la eficacia de las instituciones de seguridad y de procuración e impartición de justicia.

Por eso las interrogantes en la conversación pública de cuánta más presencia militarizada o policial se requiere en Sinaloa para detectar oportunamente el rastro criminal y neutralizar sus fechorías antes de que las perpetren. ¿La llegada de convoyes castrenses y el cupo lleno de elementos de la Guardia Nacional en la Base Militar El Sauz no es suficiente? ¿Se realiza trabajo de campo a nivel local para conocer la actividad criminal, el desplazamiento de gatilleros y sus arsenales, o se trata de una lucha a ciegas que no va más allá de retenes y patrullajes urbanos?

Ahí está de sangre la huella,

Que el gobierno no quiso borrar,

Pues para el crimen es estrella,

Que bien lo orienta al regresar.

Siendo Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro se plantó ante el entonces Mandatario sinaloense, Quirino Ordaz Coppel, para reclamarle que elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa dispararan en las inmediaciones de Sanalona, municipio de Culiacán, contra dos jóvenes mujeres de Tamazula, privándolas de la vida el 27 de enero de 2020. “Las asesinaron de manera cobarde”, reclamó. A ver si ahora el actual jefe del Ejecutivo duranguense, Esteban Villegas Villarreal, procede a echarle mayores ganas al combate de la delincuencia que desde su nido en Tamazula está afectando a la región culiacanense. Asumiendo que Tamazula está en territorio de Durango pero es región adoptada por Sinaloa, el tema debe abordarse con enfoque de vecindad peligrosa.