Corrupción sin recuperación de fondos perdidos

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norma@sanchez-castillo.mx

Una estrategia integral anticorrupción es la promesa que sigue en suspenso a un año de concluir el periodo del actual Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. El Cuarto Informe de Gobierno, penúltimo de la actual administración, demuestra que el gran desafío será hacer en poco tiempo, lo que ha faltado en cuatro años de gobierno.

El Informe presentado por el Gobernador de Sinaloa hace un recuento de acciones emprendidas para prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Pero no hay datos para identificar el impacto de las mismas, un elemento esencial para demostrar resultados.

Uno de los criterios que permiten medir lo anterior es la restitución de los daños ocasionados por corrupción, es decir, lograr que los recursos públicos que han sido utilizados ilegalmente regresen a las cuentas públicas.

Tal solo en ese eje y de acuerdo con los seis casos que por corrupción se han judicializado en Sinaloa (denuncias que están siendo juzgadas por el Poder Judicial), no se ha recuperado un solo peso involucrado en los hechos investigados.

Un ejemplo emblemático en Sinaloa es el caso de Salud. En noviembre del 2017, la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por la contratación de servicios a la empresa Herramientas Médicas, de la cual el ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, fungió (antes de ser Secretario), como representante legal. El contrato se firmó por 18 millones de pesos, de los cuales se pagaron, de manera irregular, según estableció la Auditoría Superior del Estado, hasta 14.7 millones de pesos. Pese a haber llegado a un acuerdo resarcitorio por 7 millones de pesos, Servicios de Salud de Sinaloa declaró inexistentes los pagos, lo que significa que estos no pueden considerarse aún recuperados.

Otro caso que demuestra la incapacidad de recuperar recursos públicos utilizados ilegalmente en Sinaloa, es el que inició en octubre de 2018 con la investigación por la compra irregular de colchones en mal estado, adquiridos por la Secretaría de Desarrollo Social para las familias afectadas por las lluvias de septiembre de ese mismo año y que involucra casi 4.5 millones de pesos. Hasta el momento, ese dinero tampoco ha sido recuperado.

Utilizada como bandera electoral cada tres y seis años, la transparencia, rendición de cuentas y control de la corrupción será nuevamente en 2021 un discurso para quienes aspiran a un cargo público.

Resarcir los daños ocasionados por corrupción no solo implica recuperar los fondos utilizados de manera ilícita por particulares y servidores y servidoras públicas, Se requieren medidas de prevención e investigación financiera como lo es la transparencia de los beneficiarios finales de los fondos ejercidos de manera irregular y, en ese sentido, el gran ausente del Cuarto Informe de Gobierno es la información sobre el destino final que tuvieron los millones de pesos involucrados en los seis casos de corrupción llevados a juicio en Sinaloa.

A unos meses de iniciar un nuevo proceso electoral en Sinaloa y a un año de concluir Quirino Ordaz Coppel su actual administración, la restitución de daños ocasionados al Estado por corrupción, se convierte en uno de los principales compromisos que deben asumir quienes aspiran a un cargo público. No hay combate a la corrupción sin recuperación de fondos perdidos.