Coalición para la reducción de homicidios y la nueva investigación: qué funciona y qué no

En 2023 pusimos en marcha nuestra Coalición para la Reducción de Homicidios y organizamos la primera conferencia internacional, misma que derivó en un reporte de hallazgos y recomendaciones. En 2024 iniciamos el intercambio y la colaboración con la Sección de Información y Conocimiento del Departamento de Seguridad Multidimensional de la OEA y en noviembre próximo organizaremos la segunda conferencia internacional. Estos eventos anuales y toda la agenda de la coalición ayudarán a visibilizar los avances en la investigación y las políticas públicas, o bien los procesos regresivos.

En este marco, el viernes 16 de agosto Ignacio Cano, investigador del Laboratorio de Análisis de la violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil, presentó el estudio que Emiliano Rojido, Doriam Borges y el propio Cano elaboraron y que, por primera vez en la historia de América Latina y el Caribe, sistematiza qué funciona, qué no y qué es prometedor en la prevención y reducción de homicidios.

No hay otra región en el mundo con las tasas de homicidios intencionales de la nuestra. La inmensa mayoría del planeta reporta tasas menores a 10, mientras América Latina y el Caribe promediaron 19 en 2023 y México en el mismo año sumó 24.

El documento final de la sistematización será publicado en septiembre, pero podemos adelantar algunos hallazgos principales. Primero, la peor noticia de todas en términos de política pública: menos del 20 por ciento de los programas de reducción de homicidios fueron evaluados. Es una de las evidencias más contundentes y dañinas de la debilidad crónica de la profesionalización de las políticas de seguridad y justicia en la región: en el discurso formal nadie se opone formalmente a la evaluación, pero en la práctica la gran mayoría no la hace, prolongando el ciclo de toma de decisiones a ciegas y de esa manera asegurando la continuidad de la crisis.

La sistematización encontró 65 evaluaciones de impacto. Mientras en Brasil se identificaron 20 programas y 42 evaluaciones, en Colombia fueron 8 y 10, en Argentina 1 y 2, y en Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica y Venezuela 1 y 1. Estos números son suficientes para ponderar el tamaño del rezago regional. Las cifras de México son igualmente desoladoras: a 17 años de iniciada la epidemia de homicidios, apenas se pueden encontrar 4 programas y 5 evaluaciones, confirmándose que en los tres órdenes de gobierno las autoridades, del partido que sean, prefieren no evaluar.

Las limitaciones de las evaluaciones analizadas en la revisión sistemática son las siguientes: “Escasez de estudios experimentales, series temporales muy cortas, la variable dependiente central no corresponde exactamente con la que debería ser afectada, carecen de medidas sobre variables intermediarias, varias intervenciones o programas al mismo tiempo, pero la evaluación toma en cuenta solo uno, no cuentan con la medición del grado de aplicación del programa en cada lugar y momento”.

El estudio concluye: la limitación a la posesión de armas de fuego sí funciona, lo mismo que la limitación al porte, pero no es el caso con los programas de entrega voluntaria de armas; las leyes contra la violencia de género son prometedoras, mientras que la creación de comisarías de violencia de género no muestra resultados concluyentes; la restricción de la venta de alcohol funciona; la prevención situacional no arroja resultados concluyentes; lo mismo la transferencia de renta; la prevención social para grupos vulnerables no funciona; el patrullaje policial en áreas de alta incidencia de homicidios sí funciona; las estrategias generales de patrullaje policial son prometedoras; lo mismo la investigación de homicidios y la mejora en los sistemas de información criminales.

El proceso penal acusatorio no enseña resultados concluyentes; la disuasión focalizada es prometedora; el encarcelamiento y endurecimiento penitenciario sin resultados concluyentes y la prevención social o situacional junto a intervención policial en áreas de alta incidencia es prometedora. La creación de secretarías municipales de seguridad y de guardias municipales no arrojan resultados concluyentes; por último, la creación de un canal de denuncias anónimas tampoco los tiene.

Punto y aparte merecen los hallazgos sobre el patrullaje del ejército y el descabezamiento de grupos criminales, ya que son los únicos casos donde las evaluaciones presentan resultados contraproducentes.

Mucho dará de qué hablar el pronto lanzamiento del reporte completo. Por lo pronto, ya podemos afirmar que, al menos para el caso de México, las preferencias de política pública de la gran mayoría de los gobiernos para, se supone, prevenir y reducir los homicidios intencionales, se ha comprobado que no funcionan o no tienen evaluaciones favorables de impacto (por ejemplo, la prevención social para grupos vulnerables, la transferencia de renta, el endurecimiento penitenciario y la denuncia anónima), o peor, se usan a pesar de que se ha probado que incrementan los homicidios (patrullaje del ejército y el descabezamiento de grupos criminales).

Y más allá de México, crece exponencialmente en la región ese patrullaje militar que produce más daño, comenté con Cano al final de su presentación.

La buena: ya tenemos la sistematización y la vamos a aprovechar mucho para el aprendizaje colectivo; la mala, el estudio, además de exhibir el terrible rezago regional, enseña que para muchos gobiernos la renuncia a la profesionalización en seguridad incluye anclarse a políticas cuyo daño ya ha sido comprobado.

Apenas necesario enfatizar la incuestionable oportunidad que implica el lanzamiento de esta sistematización, de cara al relevo de muchos gobiernos. O al menos eso quiero creer.

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@ErnestoLPV
Animal Politico / @Pajaropolitico