Claroscuros en programa sectorial de educación
Director general de Mexicanos Primero Sinaloa
@Mexicanos1oSin / www.mexicanosprimerosinaloa.org
El 24 de enero se conmemoró una nueva edición del Día Internacional de la Educación, instaurado por la UNESCO. Este año, la fecha será dedicada a las niñas y mujeres en Afganistán, actualmente impedidas de ejercer su derecho a la educación. Y también, será un llamado para hacer de este tema -especialmente los recursos que se le asignan- una prioridad para el presente y el futuro de los países. El momento es significativo para ofrecer algunas primeras líneas respecto al programa sectorial de educación, publicado en la versión impresa del Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el pasado 9 de este mes.
Un programa sectorial debiera ser la hoja de ruta para alcanzar las aspiraciones en materia educativa incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. En corto, el programa publicado propone una estrategia compuesta de cinco dimensiones: Política para una educación incluyente en Sinaloa; Política para una educación pertinente y de alta calidad; Política de desarrollo docente; Pertinencia social de la educación y el mundo del trabajo y Política de formación en ciencia y tecnología.
En una lectura preliminar se puede sostener que el programa sectorial presenta una asimetría entre elementos positivos que conviven con varios factores que generan preocupación. Uno de los puntos destacables es que estamos frente al primer documento oficial en el que la autoridad reconoce la existencia de una crisis educativa. Con un énfasis mayor en el nivel medio superior, ve en el abandono escolar uno de los problemas más importantes de atender. La necesidad de fortalecer la enseñanza para abordar el rezago de aprendizajes también aparece como una línea de acción a atender. Y se incluyen asuntos excluidos del Plan Estatal de Desarrollo, tales como el fortalecimiento de la educación durante la primera infancia.
Sin embargo, se trata de un documento que no ofrece la claridad esperada respecto a mínimos operativos en la gestión pública, tales como acciones clave, plazos, responsables, y recursos a utilizar para alcanzar objetivos. La liviandad técnica del documento -que no cuenta con una base generosa de evidencia ni de referencias que justifiquen las afirmaciones que se realizan- relega al plan a una posición muchas veces panfletaria.
Durante la lectura, resulta fácil detectar contradicciones que ponen un manto de duda respecto a la seriedad con la que el documento fue elaborado. Una de ellas es la utilización del concepto de “calidad”, término que fue borrado de la Constitución por el gobierno federal actual en la reforma que llevó a cabo al inicio del periodo presidencial.
Esta percepción es agudizada por anuncios como la creación de la Nueva Escuela Sinaloense (Línea de acción 1.1.2.3.). Tal como las matrioshkas rusas, esta entelequia difusa aparece debajo del molde aún más caótico de la Nueva Escuela Mexicana. Por perseguir esta ocurrencia, se podría dejar de contar con recursos y energías de la gran tarea de abordar la crisis educativa agudizada por la pandemia que el mismo documento posiciona como una prioridad.
Pero quizás lo más preocupante de este primer análisis sea la ligereza con la que se omiten asuntos fundamentales para las aspiraciones de un sistema educativo más humano e inclusivo. Lamentablemente, el programa sectorial no desarrolla una estrategia ni líneas de acción para atender a las necesidades de infraestructura que afectan a una de cada dos escuelas en Sinaloa.
Se habla de la necesidad de abordar la crisis de aprendizaje, pero no se comprometen metas ni indicadores respecto al aprendizaje académico ni socioemocional. No se avanza hacia un sistema educativo más transparente con un verdadero sistema de acceso a información educativa de valor social. No se considera la participación de los niños en la gobernanza del sistema educativo. Y tampoco se consideran estrategias para coordinar la gestión federal con la acción estatal respecto a los principales programas de política educativa impulsados por la actual administración, tales como La Escuela es Nuestra (LEEN). A la sombra de estas omisiones no podemos sino lamentar que la SEPyC no haya cumplido con su compromiso de sumar a Mexicanos Primero Sinaloa en las mesas de trabajo que formaron parte del proceso de elaboración del programa sectorial. Es mucho lo que Sinaloa se juega en la educación que se ofrece a niñas, niños y jóvenes. No se trata sólo de cuestiones aspiracionales ni de productividad económica. De garantizar el derecho a aprender depende también construir alternativas frente a la oscuridad de la violencia, el crimen y la impunidad.