Caso Villarreal, en la cancha del Fiscal. Ríos Estavillo y la prueba de la justicia
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Podría aplicarse sin ninguna garantía el dicho de “piensa mal y acertarás” en el juicio que se le sigue a Armando Villarreal Ibarra, quien fue Secretario de Finanzas durante el gobierno de Mario López Valdez, porque en un procedimiento jurídico sorpresivo la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada le aventó al Fiscal Juan José Ríos Estavillo toda la responsabilidad en caso de que sobresea el proceso judicial por el presunto desvío de 260 millones de pesos.
La advertencia es clara, directa. A la jueza no le parece moral autorizar la suspensión condicional del proceso que proponen los mismos que antes acusaron con ruido y exigencia de castigo ejemplar. Quiñónez Estrada se cura en salud por si la imputación quedara sin efecto porque el Fiscal General no explique el próximo 11 de enero por qué propone el perdón para el ex funcionario malovista.
El sobreseimiento parece ser la culminación que quieren lograr en el caso Villarreal tanto la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas como la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción. Lo único que falta es que Ríos Estavillo y Reyna Angulo Valenzuela desobedezcan el citatorio de la llamada “jueza de hierro” para que respondan una sola pregunta: ¿por qué quieren retirar la acusación contra el ex Tesorero estatal?
Aparte de las dudas que deberán aclararse en el juicio, subyace la incertidumbre de si prevalece el criterio meramente judicial o interfieren elementos políticos propios de la larga confrontación que mantienen el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Inzunza Cázares, y el Fiscal General, Juan José Ríos Estavillo. Más allá de las cuentas turbias de Villarreal que se dirimen en el Juzgado ¿se ventilan ajustes de cuentas entre los dos servidores públicos?
Por lo pronto la argumentación jurídica parece darle la razón al Poder Judicial mientras el Ministerio Público se ve atrapado en acuerdos más de apariencia lúgubre que de sustentación legal. Y en medio de esto está Villarreal Ibarra que de pronto siente que gana la causa y enseguida no halla otra salida que la de declararse culpable. En tal atmósfera tensa brota la conjetura del choque entre la procuración y la impartición de justicia.
Es que los fiscales asignados a defender la carpeta de investigación han sido expuestos una y otra vez en la falta de sustento de los alegatos que en 30 meses oscilan entre la denuncia formulada con índice de fuego por hacer mal uso de fondos federales para destinarlos a pagar nómina en el cierre del sexenio de Malova, y la súbita indulgencia de la parte acusadora que ahora descubre que no hubo tal daño al erario estatal. Aparte de Villarreal son coacusados Ernesto Herrera Félix, ex director de la Tesorería, y José Carlos López Ramírez, ex titular de la Caja General.
El problema es que si se niegan a acudir al juzgado los fiscales general y anticorrupción sobre ésos recaerá la culpa de que el expediente se cierre sin consecuencia jurídica para Armando Villarreal y demás. La jueza Estrada Quiñónez, que en varias ocasiones ha sido reconocida por la firme voluntad de combatir la corrupción, advierte que ella no será instrumento para validar el acuerdo que exculpa al ex titular de Finanzas.
Es así como la jueza colocó a Ríos Estavillo y Angulo Valenzuela entre la espada de la justicia y la pared de las componendas. Lo que la ASE detectó, la Secretaría de Transparencia respaldó y la Fiscalía Anticorrupción acusó, y que ahora las tres instancias quieren perdonar, es todo un enredo jurídico-político que está en la cancha del Fiscal General para que éste decida si la corrupción le mete o no un gol al sistema de procuración de justicia de Sinaloa.
De desenlace no apto para cardiacos habrá que ver a cuál estrategia legal acude la Fiscalía para eludir la prueba de fuego que le pone la jueza Quiñónez. Algo se le ocurrirá de seguro así como a Armando Villareal no le queda de otra más que esperar en qué se detiene la ruleta de la justicia que lo mismo lo puede absolver al sobreseer los plazos para enjuiciarlo, o determinar sanciones que no serían precisamente el ofrecimiento de disculpas a los sinaloenses.
En la conversación pública ya se está pensando mal y quizá resulte acertada la premonición de que acabará el gobierno de Quirino Ordaz Coppel y todos los malovistas acusados de afectaciones a las finanzas públicas escaparán de la justicia y se reirán de ésta. Mal augurio para una sociedad que aparte de ser la afectada por el desvío o malversación del dinero que se requiere para mejorar el bienestar social, también carga con el agravio de la impunidad.
Para enero, cuando se estén pintando de rojo vivo las campañas de los candidatos a Gobernador y se esté acopiando el lodo suficiente para la guerra por el poder, vendrá el corolario del caso Armando Villarreal. Será al iniciar el complejo 2021 donde a las crisis ya existentes se le sumará el caos propiciado por la competencia política.
Reverso
No esperamos la osadía,
De que acabe esta cuestión,
Con la piedad de la Fiscalía
A los culpables de corrupción.
Los cinco sin Vargas
Todos camaradas, todos bien portados, Imelda Castro Castro, Yadira Santiago Marcos, Rubén Rocha Moya, Luis Guillermo Benítez Torres y Jesús Estrada Ferreiro aceptaron ayer las reglas con las cuales el comité ejecutivo central del Movimiento Regeneración Nacional decidirá quién será el candidato al Gobierno de Sinaloa. ¿En realidad sólo falta decidir si será hombre o mujer el morenista postulado y lo demás ya está planchado? El gran excluido fue Gerardo Vargas Landeros que dará señales el sábado de si el desaire le sirve para hacerle entender que Morena no lo quiere postular al relevo de Quirino Ordaz.