Caso Lozoya: Si Peña va a prisión, AMLO sería Presidente vitalicio

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Han concluido, por ahora, los dos primeros capítulos sobre la trama de corrupción de Odebrecht y la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados. El actor estelar -Emilio Lozoya, testigo convenido de la Fiscalía General de la República (FGR)- se declaró inocente con amplio cinismo y se acogió al llamado criterio de oportunidad, mediante el cual pasó a ser el soplón que desenredará toda la madeja de atracos que en el campo energético se tejió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Todo está por verse porque, hasta ahora, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha festinado la extradición de Lozoya y su condición de testigo colaborador sin que haya declarado una sola línea sobre el ex Presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y otros que, según la FGR, participaron en el saqueo y quebranto de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como en el festín de sobornos realizado por la empresa brasileña Odebrecht en todo el continente.
La FGR tiene información respecto de que dicha empresa pagó 10 millones de dólares para la campaña de Peña Nieto, hizo depósitos, a su vez, en las cuentas de Lozoya en Suiza por seis millones de dólares, todo a cambio de obtener jugosos contratos tan pronto Peña Nieto arribara a la Presidencia, como ocurrió en diciembre de 2012.
Aquí cabe preguntar: ¿Para qué tanto show con el caso Lozoya? ¿Hacia dónde apunta este escandaloso caso? ¿Realmente el objetivo es encarcelar al ex Presidente Peña Nieto y a Luis Videgaray? ¿O es una campaña mediática y política para levantar una espesa neblina con el objeto de que la gente se distraiga de los impactos del coronavirus, la debacle económica y la no menos estruendosa violencia del crimen organizado?
En todos estos asuntos el Gobierno de la Cuarta Transformación ha resultado un verdadero fracaso. López Obrador, es evidente, no puede con el país y el barco gubernamental parece naufragar: ahí están los datos terribles de la economía y el cero crecimiento, ni se diga los que sufren por el despido causado ante el cierre de las empresas, que se multiplica por todas partes -el plan de rescate oficial parece que fue sólo en el papel, aún no se refleja- el drama de los infectados por la pandemia, así como dolor inevitable por las más de 45 mil muertes que ya colocaron a México en el tercer lugar mundial, después de Estados Unidos e Inglaterra.
Estos problemas nacionales, de agudizarse, pueden ahondar el drama social, empeorarlo e impactar en el nivel de aceptación del Presidente, quien echa mano de todos los recursos, distractores, legislativos, legales, entre otros, para amortiguar el impacto político de su ineficiencia como Presidente.
El tema de la inseguridad lo ha seguido reforzando, aunque sin que se refleje en forma eficaz, al integrar a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Poco después de su regreso de Estados Unidos, le entregó la seguridad de las aduanas y puertos a la Marina y al Ejército. El Presidente ha dicho que en su Gobierno se acabó la corrupción, que eso es cosa del pasado, pero por otra parte llama con urgencia a los militares para atacar la corrupción en las 49 aduanas y puertos porque, dijo, se necesita. Esto indica que Ricardo Ahued, Senador por Veracruz, no pudo con el paquete de las aduanas y prefirió hacerse a un lado.
En efecto, es necesario reforzar la seguridad en puertos y aduanas, pero lo que sorprende es el enorme poder que le ha otorgado a las Fuerzas Armadas. Los llamó para apoyar a la Guardia Nacional frente al crimen organizado, les otorgó el contrato de la construcción de Santa Lucía, la seguridad de todo el país. Hoy México está militarizado. ¿Qué sigue? Que les entregue el poder presidencial. Sí, eso falta.
El llamado de marinos y militares a las aduanas y puertos responde también a la urgencia de Estados Unidos para que sus empresas estén seguras, sobre todo en los puertos, donde muchas de ellas operan. Estados Unidos tiene bajo su control la seguridad de América del Norte y ésta se decide desde Washington. Desde ahí se vigila todo el territorio y a eso responde la militarización en México. López Obrador recibió la orden y, obediente, la acató. Hay un lado de López Obrador que no se conoce públicamente: sus acuerdos secretos con Washington. Ya hablaremos de eso.
A López Obrador le preocupa sostener el poder, ganar otra vez la mayoría en el Congreso, gubernaturas, alcaldías y otras posiciones en julio del 2021 y este parece ser el principal objetivo con el uso político del testigo Emilio Lozoya. Legal o ilegal, la FGR negoció con el exdirector de Pemex para que hable. Esto, evidentemente, no es gratis. Tiene un costo: la libertad de Lozoya a cambio de que diga todo lo que sabe e incrimine al ex Presidente Enrique Peña y a Luis Videgaray. Pero el Presidente quiere que la gente conozca detalles, punto por punto, sobre cómo, cuándo y dónde se planeó, cómo se planeó el atraco de Pemex. Más allá de la justicia, quiere darle rienda suelta al morbo. De eso quiere alimentar al pueblo que dice respetar.
Existen muchas dudas de que López Obrador vaya a proceder en contra de Peña Nieto. De ser así, quedaría claro que él es quien da las órdenes a la FGR, aunque sea autónoma; es tan obvio que la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero recibe órdenes de Palacio Nacional que, en ningún momento, López Obrador separa la función de la FGR cuando se aborda el caso Lozoya y otros. El inconsciente lo traiciona. Y esto ocurre cuando no hay verdades de fondo.
El trabajo de una Fiscalía autónoma no se festina en el púlpito presidencial; tampoco se tocan los temas que se investigan para hacer política, como lo hace López Obrador. En lo personal, nunca he escuchado a Donald Trump hablar de los logros del FBI, de la DEA o del Departamento de Justicia o del Tesoro. Esas instancias actúan y punto. Sus golpes no son materia de discusión política, como ocurre en México, donde la sola actitud del Presidente evidencia lo que todos suponemos: que la FGR no es autónoma, como lo ha pregonado el Gobierno.
El testigo convenido Emilio Lozoya seguirá dos o tres días internado en el Hospital Ángeles, según dijo su abogado. Luego, seguramente se irá a vivir a una casa de seguridad habilitada por la FGR, rodeado de vigilancia, porque no pisará la cárcel. Su papel estelar como testigo durará seis meses, de aquí hasta enero de 2021, tiempo más que suficiente para darle suficiente vuelo a sus dichos. Y falta ver qué va a decir. Hay testigos cuya lengua debería ser objeto de un monumento a la mentira: con tal de salvar el pellejo son capaces de incriminar hasta a su madre.
Esperemos que las declaraciones incriminatorias de Lozoya tengan un final extraordinario que lleven al encarcelamiento del primer Presidente en la historia de México. De ocurrir esto, López Obrador gobernaría este país en forma vitalicia, igual que Vladimir Putin, el Presidente de la Federación de Rusia, quien se apresta a gobernar hasta 2030.
Pero todo está por verse, como ya lo expuse. A un año y medio de Gobierno, López Obrador ha demostrado más barahúnda que realidades en el tema de la corrupción. Un ejemplo: Comenzó su Gobierno con un golpe espectacular a las mafias dedicadas al robo de combustibles. El país enfrentó una escasez histórica de gasolinas, lo que evidenció que la distribución se nutría con puro combustible robado. Denunció que había una gran mafia que operaba desde la torre de Pemex, pero hasta ahora no ha encarcelado a nadie. Los grandes mafiosos de este negocio siguen libres e impunes.
Otro: Carlos Romero Deschamps, acusado de ser un corrupto, cabeza de una red de huachicoleros y uno de los principales caciques del sindicato petrolero, dejó el poder sin que le tocaran un solo peso. Su fortuna no sólo sigue intocada sino que, peor aún, ya ni siquiera existen investigaciones en su contra. ¿Hubo pacto?
Ahora el Congreso reformó la Ley de Adquisiciones para que el Gobierno federal pueda comprar -en forma directa- medicamentos y aparatos médicos en el extranjero. La razón de esta nueva disposición es que las farmacéuticas y laboratorios mexicanos estaban arregladas con altos funcionarios de la administración pasada, lo que hizo del suministro de medicinas un negocio jugoso, impune hasta ahora. Sin embargo, no se ha castigado a nadie por esta emblemática corrupción. Todo ha sido ruido y más ruido, al estilo de López Obrador.
Ante este comportamiento del Presidente –tiene una lengua ingobernable pero no aplica la ley a los corruptos, sólo sabe ajustar cuentas, diestro en el arte de la venganza, según ilustra el caso Rosario Robles- López Obrador gobierna generando mucho ruido sobre la corrupción del pasado, con lo que construye una cortina que impide ver sus fallas y fracasos en el Gobierno; está montado en el elevado porcentaje de aceptación social, utilizando su credibilidad hasta el límite -sin medir su desgaste- para cometer fechorías, pues sus seguidores todavía le creen, porque han perdido hasta el juicio al estar capturados por un fanatismo que raya en algo así como lo enfermizo. Todo le aplauden. Este perfil de seres humanos, atenazados por el fanatismo, fueron descritos por el investigador ruso Peter Ouspensky en su libro El Cuarto Camino:
Estos humanos vibran en lo más bajo -dice Ouspensky- no tienen consciencia porque duermen profundamente, son máquinas que así nacieron y así morirán. Cuando hablan o actúan retroceden casi al origen del mono, siguiendo señales confusas del exterior aunque los extravíen. Están tan dormidos que aplauden todo. Se identifican con todo, no gobiernan sus emociones, al contrario, son presa fácil de las impresiones del exterior porque viven según lo que ocurre externamente y pasan por alto su realidad interior.
Espero no sea su caso.
Sinembargo.MX