Cabos sueltos

David Cristóbal Álvarez Bernal
29 diciembre 2020

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david@bufetealvarez.com


Aunque faltan varios meses para las elecciones de 2021, los actores políticos, tanto individuales como los partidos, están desatados tomando sus posiciones con miras a tener éxito en el campo de batalla electoral que se viene.
En estos tiempos no es nada raro que militantes que tenían años perteneciendo a un partido político, renuncien y se sumen a otro que les ofrece mejores alternativas para sus aspiraciones.
Para quienes han hecho de la política su modo de vida, cambiar de bando no es incómodo, incluso aunque los valores del nuevo bando donde se integran no coincidan con los del anterior.
Así es el juego de la política, al menos el que vemos los ciudadanos comunes y corrientes que no andamos en esos trotes.
Como varios de los que veremos o quieren verse en las boletas electorales son los mismos de siempre, algunos de ellos han dejado cabos sueltos en tribunales que tomarán gran relevancia en las próximas elecciones.
En el Órgano Interno de Control del ayuntamiento (OIC), en la Auditoría Superior del Estado (ASE), en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y hasta en la Fiscalía General del Estado (FGE), existen expedientes abiertos contra varios de los que quieren o van a aparecer en las boletas.
Esos expedientes son cabos sueltos que seguramente sus oponentes van a utilizar en su contra para tratar de desbarrancarlos, por eso la obsesión del Químico de controlar al titular del OIC, tratando de mantener a Rafael Padilla en el puesto con maniobras ilegales que finalmente se vinieron abajo en tribunales.
Irónicamente, esos expedientes avanzan a paso de tortuga durante años, pero al acercarse las elecciones o en medio del fragor de estas, de repente se tramitan aceleradamente y terminan con resoluciones que buscan inhabilitar a alguno de los candidatos a cualquiera de los puestos disputados en las elecciones.
En lo personal no me importa si la velocidad que se le imprime a los expedientes tramitados en el OIC, la ASE, la ASF o la FGE, lleva fines electorales o no. Lo importante es que se sancione a quien haya cometido las faltas y delitos motivo de las denuncias correspondientes.
Uno de los objetivos que persigue la Ley de Responsabilidades Administrativas estatal, es precisamente impedir que quienes ya estuvieron en un cargo público y cometieron faltas administrativas, ya no pueda tener acceso de nuevo a otro cargo público, sobre todo de elección popular.
Y si ese objetivo se cumple acelerando los cabos sueltos que los implicados han ido dejando en el camino, bienvenida la solución, aunque de fondo tenga un motivo electoral.
Finalmente la culpa de que los cabos sueltos se usen en las elecciones, es exclusivamente de quienes los han ido dejando así, sueltos, al restarles importancia.
Como en una partida de ajedrez, esos cabos sueltos que aparentemente son un movimiento insignificante en el tablero de juego, terminan transformados en una estrategia que lleva a la derrota a quienes no alcanzaron a verla o creyeron que no les pasaría nada.
En la contienda electoral de 2021, veremos varios de estos cabos sueltos explotar en la cara de los involucrados o al menos ser utilizados en su contra para atacar su imagen.
La política, vista por los simples mortales como yo, nunca ha tenido reglas del juego honorables. Los ciudadanos vemos sorprendidos, o no tanto, como unos y otros se sacan a relucir sus trapitos sucios al sol, reales o inventados.
Espero equivocarme, pero basado en lo que ha pasado antes, sospecho que la batalla electoral que se viene, será igual o incluso peor que las anteriores y se utilizarán los cabos sueltos a que me refiero.
Lección para los que andan en esos trotes: no dejes cabos sueltos y atiéndelos diligentemente y con un buen abogado.