Beneficiarios anónimos
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norma@sanchez-castillo.mx
Hay un término que se ha vuelto muy común entre los especialistas en transparencia fiscal y control de la corrupción y, aunque no es nuevo, cobra mayor relevancia en tiempos de contingencia sanitaria como la actual: los beneficiarios finales.
Para la Política Nacional Anticorrupción, los beneficiarios finales son aquellos que verdaderamente disfrutan de un beneficio mercantil y que casi siempre pasan desapercibidos porque, entre otras características, sus actividades comerciales no coinciden con sus perfiles públicos o declarados al Gobierno, es decir, actúan bajo el anonimato.
La incorporación de acciones sobre beneficiarios finales al Sistema Nacional Anticorrupción se parece a lo ocurrido en 2016 con el Sistema Nacional de Transparencia y la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública que integró la publicidad de los padrones de beneficiarios de programas, subsidios y estímulos, como una obligación para las entidades públicas.
Aunque cada caso se distingue por sus particularidades, en esencia lo que buscan es lo mismo: sacar del anonimato a los destinatarios de un recurso.
La fracción XV del artículo 70 de esa Ley General mandata como públicos el nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiadas, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial y, en su caso, edad y sexo.
Por su parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala en su artículo 67 que los entes públicos deben publicar en Internet la información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario y en lo posible la Clave Única de Registro de Población cuando el beneficiario sea persona física, o el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando sea persona moral o persona física con actividad empresarial y profesional, además del monto recibido.
Con la emergencia sanitaria generada por el Covid en México llegaron también los apoyos a distintos sectores afectados. Para el sector empresarial, considerado motor de la economía, se anunciaron créditos a través de los portales institucionales de las Secretarías de Economía.
El Gobierno federal dice que ya recibió 27 mil 674 solicitudes para el Crédito Solidario a la Palabra, mientras que la Secretaría de Economía de Sinaloa ha informado que, a través del Programa Fosin Emergente Covid-19, ya se habrían dispersado 2 millones 308 mil pesos en financiamientos a las MiPyMEs afectadas por coronavirus. Imposible confirmarlo: en ambos casos el común denominador es la identidad oculta de los beneficiarios.
Pese a la obligación legal y a las batallas ciudadanas que ya se han librado desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien ha ordenado en varias ocasiones abrir expedientes o padrones de beneficiarios, hay quienes siguen afirmando que divulgar ese tipo de información vulnera el derecho a la protección de datos personales e incluso pone en riesgo la seguridad personal del beneficiario. Ese debate ya quedó superado, sin embargo, y una prueba de ello es la apertura que tuvo que dar el SAT al listado de beneficiarios, incluyendo sus nombres, de créditos fiscales condonados y cancelados, luego de un litigio ciudadano.
Ocultar la identidad de los beneficiarios de un plan o programa gubernamental en tiempos de emergencia sanitaria como la de ahora por Covid aumenta los costos sociales y económicos. Son los mismos afectados quienes pagan el precio de la opacidad, pues ésta incentiva la corrupción: favoritismo y pagos para conseguir primero un crédito, no generan más que competencia desleal que a su vez incrementa la desigualdad de oportunidades.
Para asegurar un piso parejo para todos los empresarios es fundamental un primer paso: que las Secretarías de Economía transparenten los padrones de beneficiarios de los créditos que están otorgando, pues solo así la sociedad podrá vigilar el uso correcto de los recursos públicos.