Beisbol, redes de corrupción y delitos fiscales
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norma@sanchez-castillo.mx
La reciente investigación periodística de Animal Político y Noroeste describe una trama equiparable a la delincuencia organizada: una red de 115 compañías vinculadas a los empresarios sinaloenses del beisbol, Alfredo Aramburo Nájar y Juan José y Erick Arellano Hernández (hermanos), a través de las cuales se simulan operaciones y emiten facturas falsas para evadir al fisco.
El caso resulta aún más relevante porque entre ese bloque de empresas hay proveedoras del Gobierno de Sinaloa y otras han recibido concesiones gubernamentales, pese a que algunos de sus socios son, a su vez, dueños y accionistas de otras compañías señaladas e investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lavado de dinero y evasión fiscal.
El reportaje Diamante Facturero muestra con claridad una forma de operar que nada tiene que ver con el comercio informal que no paga impuestos: aquí se trata de una estructura bien organizada para desviar recursos públicos vía facturas, abusar de los beneficios fiscales y lavar dinero ilícito, lo cual revela la fragilidad de un sistema de fiscalización que no logra establecer los mecanismos efectivos para inhibir prácticas relacionadas con faltas administrativas y hechos de corrupción en materia fiscal.
Otro dato valioso de la investigación evidencia la delgada y vulnerable línea que divide al sector público del privado cuando se trata de perseguir la corrupción: entre el Gobierno de Sinaloa y el Gobierno federal, y algunos de los socios de esta red de empresas factureras, existe una fuerte relación política y económica que afectaría la imparcialidad de cualquier investigación que busque desintegrar una red de corrupción. Lo mejor sería que no hubiese más tratos entre el Gobierno y cualquiera de las empresas en las que participan socios y particulares señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Para comprender la relación entre el Gobierno y los empresarios señalados por el SAT basta un pequeña señal: en septiembre del 2019 una de las empresas de Alfredo Aramburo Nájar firmó un contrato de 25 millones de pesos con la Secretaría de Educación Pública; el 11 de octubre de ese mismo año, el Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Estadio Francisco Carranza Limón, casa de los Algodoneros de Guasave (cuyo dueño es Alfredo Aramburo) y, en diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que el ex Secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, Genaro García Luna, recibió 2 mil 600 millones de pesos de recursos públicos entre 2012 y 2018, a través de la empresa Nunvac Inc. que a su vez esparció el dinero en varias cuentas, entre ellas Operadora Gas Mart, vinculada a Alfredo Aramburo Nájar y a los hermanos Juan José y Erick Arellano Hernández.
Esta relación también alcanza a los municipios: en marzo pasado, la empresa Operadora de Espectáculos Deportivos de Guasave recibió del Ayuntamiento una concesión para explotar durante 15 años los beneficios económicos del estadio de los Algodoneros. La apoderada legal de esa empresa es también representante de Consorcio Turístico Bluebay y de Grupo Inmobiliario Saparly, ambas boletinadas por el SAT como empresas fantasma y, la última, es una compañía accionista de Costa Bella de Sands, de la cual es socio el empresario Alfredo Aramburo y que el 23 de junio del 2020 fue denunciada penalmente por la Procuraduría Fiscal del Gobierno federal por defraudar al fisco.
El tratamiento que el Gobierno federal ha dado a la evasión fiscal ha sido estricto, pero prácticas como estas demuestran que las reformas al Código Fiscal de la Federación que tipifican como delito grave esta figura delictiva que consiste en la venta, expedición, compra o utilización de facturas que amparen operaciones inexistentes a efecto de evitar el pago de impuesto, no son suficientes. También se requiere un firme compromiso de las instituciones que integran los Sistemas Estatales Anticorrupción para establecer mecanismos de control fiscal.
Los sistemas de transparencia, de participación ciudadana y de fiscalización requieren ser más efectivos para inhibir este tipo de conductas que afectan la economía del país al reducir los ingresos que el Gobierno requiere para otorgar los servicios que necesita la población. Una alternativa es que cada entidad cuente con una lista pública de contribuyentes fantasma, tal como lo hace la Secretaría de Hacienda en apego al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. La transparencia de las listas de beneficiarios finales como una obligación para todas las empresas que firman contratos con el Gobierno, urge.
No hay nada más desalentador para un ciudadano que paga correctamente sus impuestos que la impunidad con la que operan aquellos que crean sociedades que desvían recursos y evaden impuestos, sobre todo cuando lo hacen a gran escala y mediante una estructura organizada como en el caso del reportaje periodístico. Casos como este son los que ponen a prueba al Sistema Nacional Anticorrupción y sus homólogos en los estados.