Armando Villarreal topa con la justicia. Marrazo para sanear la función pública

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Visto sin los sesgos de la defensa a ultranza o la acusación arrebatada, el juicio contra Armando Villarreal Ibarra, el ex secretario de Administración y Finanzas que es acusado de desviar 260 millones de pesos en 2016, el último año del sexenio de Mario López Valdez, debe sentar precedentes para políticos que creen que el recurso público les pertenece y lo gastan como si fuera suyo. Así razonan y lo seguirán haciendo mientras la justicia les facilite tratos que evadan la ley y se burlen de la sociedad.

Todo indica que la juez Sara Bruna Quiñónez Estrada no tiene en sus manos, al menos hasta la audiencia del miércoles 29 de enero, la información que ayer refrendó el Gobernador Quirino Ordaz, en el sentido de que el dinero reclamado a Villarreal se haya usado para pagar sueldos y desde estricto criterio judicial sería inmoral, como lo señaló la enjuiciadora, concederle un trato donde pague sólo 2 millones de pesos y ofrezca una disculpa pública.

En principio, la conjetura de que ese dinero fue utilizado para el pago de nómina en vez de aplicarlo a los fines que le correspondían no ha sido probado ante los tribunales porque Villarreal retrasa la evidencia de a quién se le pagó y cuánto. Utilizar de pantalla el extenso esquema de sueldos pagados a burócratas resulta insuficiente para que cualquier tribunal apruebe la excusa fincada en la palabra y no en hechos probados.

De por sí los sinaloenses estamos escamados desde que a otro ex colaborador malovista, Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud, se le facilitó librar la prisión pagando 7 millones de pesos de los 14 millones de pesos que, de acuerdo a la carpeta de investigación, utilizó en la compra de equipo médico a una empresa de la cual él era socio. Aquella maniobra ominosa que redujo el marco legal a tianguis de impunidades quedó grabada en la indignación ciudadana.

Después de aquel episodio aciago resultaba cínico el arreglo que se le ofreció a Armando Villarreal. Equivale a echarle sal a la herida o gasolina al fuego. Como corresponde a la justicia imparcial, la juez evidenció que el intento de borrón y cuenta nueva mediante el pago de tan ínfima suma fue aprobado por los Secretarios de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, y de Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, aceptando la “ganga” ofrecida por el indiciado de saldarlo todo con menos del 10 por ciento del monto en litigio.

El pacto de impunidad que beneficiaría a Villarreal, pero también a Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero, y José Carlos López Ramírez, ex titular de la Caja General, causó sorpresa en estrados y en la ciudadanía en general. De no haberlo frenado la juez, el gobierno de Quirino Ordaz hubiera sido objeto de un nuevo reclamo social porque en ninguna parte se perdona que nomás así, o nomás porque sí, las 112 transacciones bancarias que los tres ex servidores públicos efectuaron para desviar los 293.5 millones de pesos hacia cuentas que tenían un fin distinto. Aunque si el Gobernador tiene otros datos, ¿porqué la juez no los conoce?

Aprobar el trato habría significado sobre todo que se fuera al basurero de las componendas políticas el planteamiento de la Fiscalía General del Estado para que Armando Villarreal y coacusados recibieran como sentencia 16 años de prisión y el pago de casi la totalidad del recurso público que presuntamente utilizaron en forma indebida. Y que una sonora carcajada de los beneficiarios de la impunidad viniera a encolerizar todavía más a los sinaloenses ya antes estafados.

Si bien es cierto que los criterios de la justicia retributiva, consistente en reparar el daño tras aceptar que se cometió y disculparse con los agraviados, es algo cotidiano ahora en los tribunales, aquí debe de tomarse en cuenta el monto afectado y la relevancia que los involucrados tuvieron en la administración pública estatal. El bullicio mediático tiene sustento en que todos somos los ofendidos y que fue traicionado el voto de confianza otorgado a los malovistas a través de elegir en 2010 a Malova como Gobernador.

Esto es algo que tiene que ver con la moral pública y con las tres reglas de oro de la justicia que la indígena de Cochabamba, Bolivia, Casimira Rodríguez Romero, ex Ministra de Justicia de ese País en el primer periodo de gobierno de Evo Morales, presentó en 2015 en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza: el “ama sua”, no sea ladrón; el “ama llulla”, no sea mentiroso; y el “ama j’ella”, no seas flojo.

Ha de llegar el día en Sinaloa en que aquellos que ocupan cargos de gobierno dejen de creer que es suyo lo que no es de ellos. Que se paren de frente a los ciudadanos y mirándonos a los ojos demuestren que no han robado, mentido ni quieren hacerse ricos holgazaneando en cómodas oficinas. Pero para hacerlos entender se requiere que los órganos de auditoría, investigación y sanción sean consistentes cuando se trate de hacer valer el Estado de derecho. Tan firmes como lo fue la juez Sara Bruna Quiñónez en el caso Villarreal.

Reverso
Es de los idus de enero,
Lo que resolvió la justicia,
Porque no vale el dinero,
Más que castigar la codicia.

Vecindad herida
El reclamo de justicia en el caso Sanalona, donde la Policía Estatal de Sinaloa abatió a dos mujeres de Durango, fue encabezado ayer por el Gobernador de la entidad vecina, José Aispuro Torres, y debe atenderse en el ámbito de seguridad pública y permitir que las Fiscalías de ambos estados realicen la investigación más a fondo posible con tal de evitar que el conflicto dé lugar a una crisis política. Las víctimas, confirmó el mandatario duranguense, son sus familiares y consideró que “las asesinaron de manera cobarde”. De verificarse tal alevosía policial en la indagatoria, el castigo tiene que ser ejemplar para honrar la vecindad que ha sido de hermandad a través de los siglos