Agresión a El Debate, ataque al periodismo
¿Prensa silenciada y redes desinformando?

Cuando le restaban una hora y 16 minutos al jueves de violencia que atemorizó a Culiacán el 17 de octubre, día en que se cumplieron cinco años del “culiacanazo” de la misma fecha de 2019, a la guerra que deriva del choque interno en el Cártel de Sinaloa parecía faltarle la intimidante amenaza a medios de comunicación y reporteros que plasmó con plomo en las instalaciones del periódico El Debate, concretando así la prevaricación expansiva a la prensa en general sin que haga falta descifrar el mensaje pues se entiende a la perfección: al periodismo profesional, la mordaza; a los divulgadores de la mentira y el tremendismo, la libre circulación de las noticias falsas.

En la disputa por el control de la organización criminal cuyo mando está acéfalo por hallarse en prisión en Estados Unidos sus dos líderes insustituibles, Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera, desvaneció la orden que durante años mantuvieron vigente “El Mayo” y “El Chapo”, consistente en la no agresión a periodistas y sus tribunas, ya que ese tipo de hechos atraen a militares y policías federales y “calientan” el territorio sinaloense al dificultar del trasiego de drogas y poner en la mira del Estado a los perpetradores.

Por diferentes vías y escondiendo el ultimátum detrás de la cortesía fingida, arma en pausa que apela al razonamiento por miedo, los jefes del Cártel de Sinaloa le hicieron ver al periodismo que dicha notificación deferente, concesión no para todos, tenía como límite que los manejos informativos evitaran echarle a perder algún negocio al narco o se metieran con la familia de los capos. Más o menos así el edicto criminal: el “señor” los respeta y los cuida, sabe de la libertad de expresión, pero no brinquen esa raya.

Los narcos también usaron el atajo del dinero dispersado sin pizca de moderación para sostener la narrativa mediática a su favor. Hubo periodistas que poseían listas de reporteros y fotógrafos que cubrían los temas de nota roja, a los que cada mes les entregaban el pago monetario por tomar distancia o borrar de las órdenes de información, tratándose de eventos o actividades delictivas de uno u otro segmento del Cártel.

Sin embargo, la agresión directa a El Debate de Culiacán podría deberse a la otra pugna entre los hijos de Joaquín Guzmán e Ismael Zambada que cada cual por su lado traen la estrategia de que se hable positivamente de ellos, como gente que ayuda y cuida al pueblo, sin posicionarlos como los malos de esta jornada de casi 45 días de enfrentamientos, secuestros, desapariciones forzadas, bloqueos en calles y carreteras y robos y asaltos al comercio y empresas.

El caso es que El Debate y los demás diarios, sitios web periodísticos y noticieros, han implementado coberturas y publicaciones sin adjudicarle a uno u otro bando la violencia de alto impacto. Existe la mesura como protocolo de protección en las crónicas de la interminables batallas en los campos de guerra que se han convertido Culiacán y con menor intensidad otros 10 municipios, calculando los redactores letra a letra lo que informan, sacándole la vuelta a mensajes en las narcomantas y toda la sintaxis del crimen cuya decodificación es cosa de vida o muerte.

Es decir, el ataque no aplica para medios sinaloenses de catadura responsable. Los que hacen ese trabajo sucio que les coloca etiquetas a los malhechores están en algunas redes sociales saturadas de conjeturas disparatadas carentes de labor periodística. A diferencia del periodista que da la cara, firma la nota e investiga los hechos, en el anonimato que permiten las plataformas digitales cabe cualquier contenido cuyo único propósito es el de embaucar a audiencias y contribuir a la desinformación porque hay masas que le dan crédito a aquellos que le apuestan al acabose y coadyuva a desquiciar lo de por sí perturbado.

Sin duda dicha industria negra de medios y creadores de contenidos que se venden al mejor postor, que es capaz de poner en riesgo a personas, comunidades e instituciones, beneficiándose de promotores del caos que cuentan con recursos ilimitados, es la que distorsiona la labor socialmente responsable del periodismo e inclusive embauca a mandos del narcotráfico que meten en el mismo rasero la libertad de expresión y el libertinaje por corrupción. Nadie lo justifique en la casualidad e ingenuidad pues las organizaciones delictivas cuentan con estructuras de análisis y manejo de información y saben que mucha gente quiere morbo, no noticias de rigor periodístico.

Sí, las agresiones a periodistas y medios de comunicación genuinos, los que verifican y presentan pruebas a la hora de informar a sus públicos, atraen la atención de organismos y gobiernos nacionales e internacionales que clasifican los ataques como el perpetrado contra El Debate en el catálogo de acometidas bárbaras contra sociedades enteras, delito de lesa humanidad, violencia a ras del terrorismo. Haya sido quien haya sido, ahí está el resultado de la condena unánime que anuncia la antesala de acciones de la magnitud del atentado.

Y nunca hay que dejar de preguntarnos cómo llegamos a esto. De vuelta a la encrucijada del silencio o la bala, el periodismo debe reinventarse en la ética, los fundamentos constitucionales de la profesión, el trabajo bien remunerado, y la unidad gremial, si es que quiere ganarle en la otra guerra, la propia, al verdadero enemigo que es el mal uso del Internet con la comunicación distorsionada por algunos influencers, youtubers, tiktokers, instagramers, bloggers y más que hacen de la frivolidad comunicativa el arma que le aniquila la credibilidad a medios y periodistas.

El Debate muestra el realismo

De las espadas y de las paredes,

Entre las que está el periodismo,

Por la desinformación en las redes.

Antes de la acometida violenta contra El Debate, varios reporteros han sido objeto de amenazas dentro de la ola de violencia en Sinaloa, y el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha activado las acciones correspondientes para sacarlos del peligro. En septiembre otorgó cinco medidas de urgente protección, 24 de protección, siete medidas de atención y 26 medidas preventivas, mientras que octubre pinta peor. Gracias a la directora Jhenny Judith Bernal Arellano y su equipo por este esfuerzo en defensa de la libertad de expresión.

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