‘Abaratar’ la elección judicial sí importa
“Sin pegar saltos de berrinche”, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, ha aceptado su destino: organizar la primera elección del Poder Judicial, en nuestra historia, sin tiempo y sin los recursos necesarios para llevarla a buen puerto.
Resignada tras el recorte presupuestal aplicado por sus amigos legisladores de la 4T, la sonorense dijo el jueves pasado que la elección va a hacerse a pesar de todo, abaratando lo más posible todos los procedimientos técnicos necesarios para un proceso electoral.
La alternativa planteada por Taddei para darle la vuelta al recorte es la que se ha venido mencionando entre sus funcionarios, en los pasillos de la sede del INE en Tlalpan: no instalar las 172 mil casillas que se había planeado (2 mil más que en 2024 por el crecimiento previsto del padrón electoral), sino centros de votación, en una cantidad que rondaría los 80 mil.
Esto permitiría, a su vez, reducir el número de supervisores y capacitadores electorales, que es el personal que se contrata durante seis a ocho meses para capacitar a los ciudadanos-funcionarios de casilla y asistirlos el día de la jornada electoral. Al ser menos casillas, en lugar de requerir 50 mil de los llamados “CAES”, podrían contratarse 25 mil.
Esto reduciría dos de las grandes partidas que había calculado el INE para la elección judicial: la de capacitación, por un monto de 6 mil 822 millones de pesos, y la de instalación de casillas, por un monto de mil 400 millones de pesos.
Sin embargo, esto no resuelve el problema por completo.
La austeridad obligada por el recorte presupuestal orilla al INE a reinventar muchos de sus procesos operativos, reducir gasto en diseño e impresión de materiales electorales; disminuir las acciones de difusión, promoción y comunicación del proceso; gastar menos en la organización de los debates previstos en la nueva Ley Electoral; minimizar las acciones de fiscalización de las campañas de los candidatos y candidatas al Poder Judicial, y no seguir avanzando en la maximización del derecho al voto.
Todo lo contrario: al haber menos casillas o centros de votación, la posibilidad de ejercer el derecho al voto libre e informado se constriñe. De entrada, la gente tendrá que trasladarse más que las elecciones federales del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo para encontrar la urna.
En el reciente pasado, hemos vivido dos procesos electorales con menos casillas y, en ambos casos, la participación ciudadana fue mínima.
Se trató de dos procesos de democracia participativa, y no de una elección formal de uno de los tres Poderes de la Unión, pero la génesis de los procesos fue muy parecida: se trató de comicios que se le ocurrieron al entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador y que la mayoría legislativa de Morena puso en la Constitución: la Consulta Popular de 2021 y la Revocación de Mandato de 2022.
En los dos procesos hubo una participación mínima, muy lejana a los porcentajes (30 puntos) establecidos en la Constitución para hacerlos vinculantes.
En ambos casos, como ocurre ahora, el INE solicitó partidas presupuestales para llevarlos a cabo con la misma calidad técnica de una elección federal, y en ambos casos Morena negó los recursos.
En agosto de 2021, para la Consulta Popular de “juicio a ex presidentes”, que en realidad se basó en una pregunta ininteligible redactada por el entonces Ministro Arturo Zaldívar, el INE instaló 57 mil 77 Mesas Receptoras del voto, en lugar de las 160 mil casillas que se instalaron en la elección federal intermedia del 6 de junio del mismo año.
En ese ejercicio el INE venía con toda la inercia de las elecciones federales, se emplearon los mismos CAES y los mismos funcionarios de casilla y materiales electorales, pero con todo y todo calculó un costo de mil 400 millones de pesos para llevarla a cabo con el mismo número de casillas de los comicios.
Finalmente, con el recorte del Congreso, el INE sólo pudo destinarle una partida de 528 millones de pesos, y por eso instaló 57 mil mesas receptoras.
Al final, sólo votaron 6.6 millones de personas, es decir el 7 por ciento de las 93.6 millones registradas en el padrón electoral.
Lo mismo ocurrió con el proceso de Revocación de Mandato, promovido por el propio Presidente y Morena, no como un ejercicio de revocación, sino de ratificación de mandato, pues en realidad nadie quería que López Obrador dejara el poder, lo que desvirtuaba por completo el espíritu de este mecanismo de democracia participativa.
Para llevar a cabo el ejercicio, el INE solicitó 3 mil 830 millones de pesos como parte de su solicitud presupuestal para el ejercicio 2022, que le fueron negados por la Cámara de Diputados.
Tras el recorte y la negativa explícita de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda (por eso suena ingenuo que Taddei hable ahora de que solicitará una “ampliación presupuestal” a Hacienda), el INE tuvo que reducir el costo del ejercicio y destinarle ahorros institucionales, para llegar a un gasto neto de mil 567 millones de pesos.
En abril de 2022 se instalaron 57 mil 448 casillas para el proceso de revocación de mandato, y participaron 16.5 millones de votantes, equivalentes al 17.7 por ciento del padrón.
Fue un fracaso celebrado por López Obrador y su partido como una victoria, pues 15 millones 159 mil votaron porque AMLO siguiera en la Presidencia, y sólo un millón 63 mil votaron en contra.
Aquellos dos ejercicios tuvieron un costo, en conjunto, de 2 mil millones de pesos; fueron legalmente irrelevantes, pero sirvieron como “ensayos de democracia participativa”.
El problema es que en 2025 no se trata de eso; en junio del próximo año se estará votando por la renovación de uno de los Poderes de la Unión. Los efectos legales de los comicios serán trascendentes y los efectos históricos y políticos de esta primera elección de personas juzgadoras serán importantísimos.
En este caso sí importa que el INE tenga que apretarse el cinturón, “abaratar el proceso” y, con ello, minimizar el derecho ciudadano al sufragio.
La del 2025 no será, ni de lejos, una elección como la de 2024, en la que el INE llegó al punto máximo de eficiencia en sus 34 años de vida: la instalación de un inédito 99.85 por ciento de las casillas programadas, lo que quiere decir que sólo no fue posible instalar 23 casillas de las 170 mil 182 programadas.
Los Conteos Rápidos, el Programa de Resultados Electorales Preliminares y los Cómputos Distritales funcionaron con la precisión de una maquinaria de relojería; el voto de mexicanas y mexicanos desde el extranjero rompió récord histórico al captar el sufragio de más de 184 mil paisanos; se maximizó el derecho al voto de personas con discapacidad, personas en postración, personas en prisión y ciudadanos en tránsito. Se aplicaron medidas de inclusión en las candidaturas para mejorar la representación de personas y comunidades indígenas, afromexicanas, migrantes, con discapacidad y pertenecientes a la diversidad sexual. La paridad entre los géneros se hizo realidad en el Congreso federal, congresos estatales, gubernaturas y cargos municipales.
Fue una elección casi perfecta, que involucró a más de un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos como funcionarios de casilla para elegir 629 cargos federales: la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados.
Para ello, el INE contó con un presupuesto de 22 mil 322 millones de pesos, luego del recorte que ese año también hizo la Cámara de Diputado a su solicitud, y sin contar más de 10 mil 444 millones de pesos que se otorgó a los partidos políticos para su gasto anual ordinario y sus gastos de campaña.
El INE dividió sus 22 mil 322 millones de pesos en dos grandes rubros: casi 8 mil 800 millones de pesos en organizar la elección federal, y 13 mil 500 millones en su presupuesto base, que incluye operación, nómina y otros proyectos.
Como fue una elección concurrente con las elecciones locales de las 32 entidades, ese día también se eligieron 9 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales, mil 802 presidencias municipales y 17 mil 170 puestos municipales, para un total de 20 mil 79 cargos públicos locales.
La elección local tuvo un costo de 12 mil 170 millones de pesos a nivel local, si se suman los presupuestos destinados por los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a su organización.
Además, los OPLE le dieron 8 mil 836 millones de pesos a los partidos políticos con registro local.
Es decir, se trató de un mega proceso electoral que tuvo un costo total de 40 mil 250 millones de pesos.
Para 2025, el INE solicitó en total 40 mil 476 millones de pesos, que incluía: 15 mil 295 millones de pesos para su gasto operativo del año (presupuesto base y cartera institucional de proyectos); 7 mil 354 millones de pesos para financiar las prerrogativas anuales de los partidos políticos; 13 mil 205 millones de pesos para la organización de la elección del Poder Judicial y 4 mil 620 millones de pesos, de manera precautoria, para una posible Consulta Popular que no ocurrirá.
La mayoría de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados decidió otorgar 27 mil millones de pesos al INE; es decir, un recorte de 13 mil 476 millones de pesos.
De los 27 mil millones de pesos, se entregarán íntegros 7 mil 354 millones a los partidos políticos por mandato constitucional, lo que deja al INE con 19 mil 646 millones de pesos para 2024, que deberá destinar a dos cosas: su presupuesto base operativo anual y la elección del Poder Judicial.
El INE había pedido 15 mil 295 millones de pesos para presupuesto base y un rubro que denomina “cartera institucional de proyectos”, que obviamente deberá reducirse al máximo, pues de mantener esa partida como la había proyectado sólo le restarían 4 mil 351 millones de pesos para la elección judicial, una tercera parte de lo que sus áreas técnicas calcularon que costaría el proceso.
De buena o mala fe, algunas diputadas federales de Morena dijeron la semana pasada que el INE podría dividir sus 19 mil 646 millones de pesos efectivos en: 11 mil millones para su gasto anual y 8 mil 600 para la elección judicial; lo que finalmente no suena tan descabellado.
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