¿A quien le conviene la violencia en México? El Caso Seguritech

 

Es común atribuir buena parte de esa violencia al crimen organizado. Por lo menos ese debieron creer tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, quienes basaron buena parte de su estrategia en capturar o neutralizar “objetivos prioritarios”, o sea capos.

 

Pues bien, a pesar del descabezamiento de los cárteles en los últimos diez años, el narcotráfico y el crimen organizado siguen controlando estados como Tamaulipas, Sinaloa y Guerrero. Y todavía peor, ahora han empezado a expandirse hacia estados en otro tiempo pacíficos.

 

En ese sentido, el año pasado en Noroeste hicimos una investigación para comprender mejor la evolución del narcotráfico en México a la luz de dos tendencias relevantes: el avance de la legalización de la mariguana en Estados Unidos, y el crecimiento del consumo de drogas en nuestro país. Esa investigación, denominada “Narcomenudeo: la evolución de los carteles” http://especiales.noroeste.com.mx/ nos enseñó algunas nuevas certezas y derrumbó algunos mitos de nuestra concepción narca.

 

Los hallazgos más relevantes fueron: 1) que los cárteles no son organizaciones piramidales  donde el capo en turno mande y lo controle todo, sino redes flexibles que se reparten o pelean diversos negocios criminales; 2) que ante la caída de las ventas de mariguana en Estados Unidos, los cárteles empezaron a diversificarse a la producción y el comercio de heroína y metanfetaminas; y 3) que lo que antes era un negocio mayoritariamente internacional, ahora se ha convertido en un híbrido donde el control del territorio local es fundamental para dominar el narcomenudeo.

 

En suma, que México se ha empezado a volver un mejor consumidor y que pelear ese mercado implica más recursos, violencia y corrupción por parte de los delincuentes. Ese cambio en la dinámica criminal combinado con un estado de derecho débil, policías civiles desmanteladas y una tasa de impunidad altísima, son la receta perfecta de una desgracia futura. Es decir, todo indica que se va a poner peor.

 

Con esos hallazgos a la mano, la visión prohibicionista de las drogas nos sonó todavía más absurda. Si los hechos son tan contundentes y los datos son públicos, ¿por qué nuestros gobernantes han decidido sostener por más de una década una estrategia que es un fracaso evidente?

 

Para responder esa pregunta aventuramos otra hipótesis: porque hay demasiado dinero y poder de por medio.

 

Por eso esta semana, nuestra Unidad de Investigación “INNDAGA” publicó un nuevo reportaje: “Inseguridad: La Mina de Oro” http://especiales.noroeste.com.mx/seguridad-la-mina-de-oro/. El trabajo del reportero Marcos Vizcarra evidencia como la empresa Seguritech obtuvo más de 22 mil millones de pesos en contratos con los gobiernos de por lo menos diez estados de la república.

 

Tan solo en Sinaloa, el gobierno de Mario López Valdez le compró 1,307 millones de pesos. Y todavía le adeuda otros 327 millones de pesos, una suma que tiene que liquidar para quedarse con el edificio donde se ubica el Complejo de Seguridad C4, un inmueble que, según el nuevo gobierno de Quirino Ordaz, es de tablarroca y cuyo costo les parece excesivo para la calidad de la obra.

Lo que el reportaje evidencia es espeluznante: la inseguridad en México no solo es una tragedia que nos dejó más de 30 mil muertos en 2017, es también un negociazo para algunos.

Entre ellos Seguritech, propiedad de Ariel Picker, una empresa que empezó vendiendo alarmas y ahora es capaz de construir complejos de seguridad, rentar vehículos artillados, helicópteros y alta tecnología de videovigilancia hasta volverse hoy el proveedor privado más importante en la materia. https://youtu.be/1IljiQoTZuI

 

¿Cómo se explica eso?, ¿acaso no hay otros proveedores? Por supuesto que los hay, pero fueron incapaces de competir con Seguritech gracias a que nuestros políticos decidieron abusar del esquema de adjudicación directa con el argumento de la urgencia y la especialización. Y gracias a otro truco: reservar esos contratos el mayor tiempo posible con el pretexto de la “seguridad nacional”.

 

En Noroeste no sabemos si la empresa guarda alguna relación con funcionarios públicos o si regresó el favor de esos 22 mil millones de pesos en contratos. Pero el caso es demasiado grande como para obviarlo. Tan es así, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya solicitó revisar los contratos y otros medios como Animal Político y El Financiero, así como organizaciones como R3DMX, han hecho eco del caso.

 

Nuestros hallazgos no son exhaustivos ni novedosos, pero creemos que pueden ser útiles para comprender mejor cómo hemos llegado a estos niveles de violencia y, ojalá, sirvan también para buscar mejores alternativas de seguridad humana.

 

Por eso, querido lector, cuando no comprendas por qué a pesar del avance mundial de la regulación de las drogas, en México seguimos enfrascados en el prohibicionismo, el combate frontal y el esquema militarista, hazte la pregunta obvia: ¿De quien es el negocio?