¿A qué va Domínguez Nava a la SEPyC? La pericia política al rescate educativo

Alejandro Sicairos
06 octubre 2021

Uno de los nombramientos que cobra viabilidad en el Gabinete que integra Rubén Rocha Moya es el de Graciela Domínguez Nava como Secretaria de Educación Pública y Cultura, movimiento inesperado en el ajedrez de la Cuarta Transformación en Sinaloa debido a que una mujer calada en la política mas no en el ámbito de la enseñanza pública se hará cargo del área más esencial del gobierno, pero sobre todo crucial para la sociedad. Por extraña, la jugada parece dirigida contra las mafias del sindicato magisterial que históricamente han entorpecido los procesos educativos.

De ser concretada la designación de Domínguez Nava, después de que originalmente fue considerada para titular de las secretarías de Desarrollo Social y Transparencia, de seguro la decisión induce un aleccionamiento a grupos de poder que desde las secciones 27 y 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han tenido de rehén a la SEPyC, disfrutándola como interminable botín político.

Siendo tan complicada la encomienda, brota la interrogante que tiene que ver con la capacidad y el empoderamiento de esta mujer rosarense para confrontar cotos de dominio que la experiencia local muestra como imbatibles. La ex presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado demostró que tiene mano dura si se trata de hacer valer la ley, y también el tacto fino cuando la conciliación de intereses se presenta como salida única. ¿Qué es lo que importa en este caso? ¿Habilidad política o experiencia en el tema educativo?

Sin lugar a la exageración, las élites del SNTE han tenido durante décadas el control de las políticas públicas en educación y al ritmo de esa injerencia han bailado los gobernadores y los secretarios del ramo. Basta como botón de muestra el cacicazgo de Daniel Amador Gaxiola para resolver que los procesos lectivos han sido secuestrados frente a la omisiva acción gubernamental, pero igual los políticos en turno se han beneficiado también del dominio que un solo hombre y sus cofrades ejercen en perjuicio del futuro de más de medio millón de alumnos de educación básica.

El saqueo de los recursos públicos del sector educativo es igual de escandaloso. El estancamiento en salario y prestaciones de los maestros contrasta de manera ofensiva con las propiedades y fortunas acumuladas por líderes sindicales que a través de fideicomisos, fondos y tratos bajo la mesa del Gobierno sacian apetitos personales o de camarillas sin voltear a ver las necesidades apremiantes de sus representados. Disponen, además, del reparto de plazas de trabajo para los allegados, acaparan los puestos mejor remunerados, violentando derechos de docentes que nunca crecen en el escalafón laboral.

La crisis en la SEPyC aflorará en cuando Graciela Domínguez ponga un pie en el despacho principal del edificio de Pedro Infante y Eje Federalismo. La bandera de paz entre el gobierno de Quirino Ordaz Coppel y los sindicatos de docentes ha tenido un costo altísimo que se traduce en olla de presión por los privilegios dados a unos y los derechos afectados a otros. Recordemos que ni José Enrique Villa Rivera con todo y su gran trayectoria en el sistema educativo nacional soportó la hediondez de la cloaca y desistió a media labor de saneamiento.

Aparte están el entorno de catástrofe educativa que acecha por la pandemia de coronavirus y el regreso intermitente a las escuelas con varios casos de educandos y profesores contagiados de Covid-19; la dañada infraestructura escolar que requiere la cuantiosa inversión para rehabilitarla, y la emergencia de recuperar los avances educativos que se habían logrado antes de la emergencia sanitaria. Todo ello simultáneamente con la limpia de la corrupción en la Secretaría de Educación estatal.

Inicialmente el Gobernador electo había decidido designar en la SEPyC a una maestra de a pie, sin trayectoria apantallante pero sí con bastante reconocimiento y empatía por su labor en las aulas. De pronto decidió cambiar de opinión y optó por Graciela Domínguez, de marcada formación política, quien le garantiza que la Cuarta Transformación tendrá el control de esta área estratégica en Sinaloa y difícilmente sería pan comido para los colmillos de liderazgos magisteriales que devoran cualquier iniciativa por reivindicar la calidad de la educación.

Todo indica que se trata de la buena voluntad del nuevo Gobierno estatal en beneficio de los alumnos y maestros, ya no más en provecho de las camarillas del SNTE. Eso está por verse cuando Rocha Moya aparte de designar a Domínguez Nava al frente de la SEPyC, también la apoye con toda la fuerza del Estado para enfrentarse a la corrupción organizada que lleva varios sexenios estorbándole a la formación de nuevas generaciones que le signifiquen a Sinaloa tiempos de cambio.

Cuando la escuela peligre,

Porque la corrupción se cuela,

Qué bueno que sea Graciela,

Quien gane la rifa del tigre.

La declaración del todavía Secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía López, para considerar que “sería un gran privilegio entregarle la SEPyC a Graciela Domínguez Nava” emite mensajes políticos con varios destinatarios directos. ¿Por qué? ¿Porque entregársela a otro que quiere el cargo no significaría una distinción? ¿Por el paisanaje sureño que da pie a la empatía Domínguez-Mejía? ¿Acaso es la única posibilidad de un terso pase de estafeta? ¿O porque urge poner en otras manos la “papa caliente” en que está convertida la dependencia? Es parte de la agudeza que la gente le mete a lo que se dice y lo que se calla en coyunturas como la presente que a unos los vuelve nostálgicos y a otros los pone en los cuernos de la luna.