A pesar de las denuncias, prevalece la ineficacia institucional en el combate a la corrupción en Sinaloa
jorge.ibarram@uas.edu.mx
Hasta el momento, el mayor impulso en el combate a la corrupción en Sinaloa ha tenido como punto de partida a la Sociedad Civil Organizada. Las autoridades competentes, en cambio, parecen actuar de manera reactiva, y cuando llegan a proceder, lo hacen a conveniencia, por encargo y parcialidad.
Desde la aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción en 2017, los mayores escándalos por desempeño irregular de la función pública fueron dados a conocer por activistas y medios de comunicación, en ocasiones trabajando en mancuerna, para recabar información, divulgar las anomalías, interponer las denuncias y hacer presión para que se atendieran los reclamos.
De no ser por la Sociedad Civil, Sinaloa, al margen de cualquier alternancia política, estaría todavía sumida en la más sombría opacidad. Vale recordar que hasta hace bien poco los inculpados libraban fácilmente las denuncias que los señalaban como responsables de malversación de recursos. Lo mismo puede ocurrir nuevamente.
En 2019, el ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, acusado de utilizar su cargo para realizar operaciones que lo beneficiaron económicamente, mediante contratos que alcanzaron los 87 millones de pesos, fue absuelto por la Fiscalía General del Estado, tras pagar una mínima multa, impuesta como reparación del daño.
Un año más tarde, en 2020, un Juez absolvió a Carlos Baltazar Castro Olivas, ex coordinador de la Secretaría de Desarrollo Social, acusado de peculado y negociaciones ilícitas por la compra de colchones podridos para los damnificados de las lluvias en Sinaloa, porque la Fiscalía no aportó las evidencias ni los testigos que demostraran su participación en la transacción con los proveedores.
En ambos casos el Fiscal General en turno era Juan José Ríos Estavillo, de quien se acaba de revelar que la Sedena lo tenía fichado como una persona no confiable para trabajar de manera coordinada con las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia y el crimen organizado.
El cambio de gobierno no se ha visto reflejado en una Fiscalía anticorrupción más eficiente. El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) acaba de publicar un estudio que coloca a la de Sinaloa, entre las 10 más deficientes en el País.
El estudio encuentra severas deficiencias en esta fiscalía especializada que encabeza Nereida Avilés Aceves. Los principales problemas se encuentran en cuestiones como la autonomía, el uso de recursos, un bajo nivel de investigaciones y sanciones, una disminución en el número de policías, una carga muy baja de expedientes, tanto así que en este 2022 se ha judicializado apenas un caso. Como si no hubiera tela de donde cortar.
Un tema que bien pudiera investigar de oficio la Fiscalía es la participación que han tenido los particulares en los casos de corrupción que actualmente están siendo tratados. Hasta el momento en los señalamientos de irregularidades solo han sido apuntados funcionarios públicos, sin embargo, también es necesario aclarar qué rol jugaron las empresas beneficiadas con contratos que estas mismas firmaron.
El Código Penal del Estado de Sinaloa también contempla los delitos contra la Administración Pública cometidos por particulares. Este es el caso del Cohecho activo, que se configura cuando un particular ofrece, promete o entrega dinero o cualquier dádiva a algún servidor público para que realice u omita un acto, o actos lícitos o ilícitos relacionados con sus funciones.
En conclusión, si bien hasta el momento la Sociedad Civil ha tenido un rol protagónico en el combate a la corrupción, estos esfuerzos seguirán siendo insuficientes. Es necesario un rol más activo de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y castigar los actos ilícito cometidos desde la función pública o por particulares en detrimento del patrimonio de los sinaloenses.