Realizarán una auditoría al fondo de la Picachos

"Demanda Congreso abrir expedientes de indemnizaciones"

Que la Contaduría Mayor de Hacienda realice a la brevedad una auditoría al fideicomiso denominado Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa, Fishin, instruyó ayer la 59 Legislatura.
Por unanimidad del PRI, PAN y PRD, la Diputación Permanente aprobó un punto de acuerdo en favor de comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos, en el sur de Sinaloa.
Durante la sesión, decenas de campesinos de seis poblados afectados exhibieron una lona, denunciando corrupción en la ejecución del proyecto.
"¡Que no nos ahogue la corrupción de Picachos, queremos vivir en su progreso!", demandaron.
El documento, de tres posicionamientos, establece como primer punto el respaldo de la Cámara local para que las familias desplazadas reciban una justa indemnización por sus viviendas y terrenos expropiados.
Con el fin de garantizar esa justa indemnización, señala el segundo punto, se exhorta a las autoridades procedan de inmediato a abrir todos y cada uno de los expedientes de expropiación de los afectados.
El tercero, en el que el Congreso local tiene injerencia directa, es la instrucción a la CMH para auditar los recursos del Fishin.
El acuerdo surgió por consenso de la comisión especial para la atención y seguimiento de los asuntos derivados del desplazamiento de 735 familias de seis pueblos afectados, que tenían sus tierras y casas en una superficie de 2 mil 554 hectáreas.
Esta presa es estratégica dentro del Proyecto Baluarte-Presidio, ya que beneficiará directamente a Mazatlán y Concordia, resolviendo problemas de consumo de agua potable e incorporando al riego 22 mil 500 hectáreas.
Alejandro Higuera, integrante de la comisión, pidió a los comuneros confianza en el Legislativo.
"Tengan confianza, no vamos a ser comparsa de nadie, vamos a trabajar responsablemente, para que a la gente que sí se la ha cometido una injusticia, se le pueda hacer justicia", afirmó.

EL PROBLEMA
La Presa Picachos desplazará a 735 familias de seis pueblos que tenían tierras y casas en una superficie de 2 mil 554 hectáreas. Los afectados demandan indemnización.