Asesinan a familia minera en Pánuco
"Un empresario minero y dos de sus hijos se convirtieron ayer en nuevas víctimas mortales de la violencia que azota a la zona serrana de Concordia"
PÁNUCO, Concordia._ Un empresario minero y dos de sus hijos se convirtieron ayer en nuevas víctimas mortales de la violencia que azota a la zona serrana de Concordia, donde en diciembre de 2014 y en abril pasado también fueron abatidos a balazos otros dos de sus hijos, dedicados también a las actividades mineras.
Las víctimas fueron identificadas como Óscar Fitch Tovar y sus hijos Jorge Rigoberto y Heraclio Isaac Fitch Valenzuela. En diciembre fue asesinado Eduardo Fernando Fitch Valenzuela, y Raymundo Fitch Valenzuela en abril.
Todos de la familia propietaria de la mina Nuestra Señora del Rosario, mejor conocida como "La Mina de Fitch".
De acuerdo con la información de las autoridades, el ataque ocurrió a las 07:00 horas en un camino que conduce a la mina, en las inmediaciones de dicho poblado.
Los informes detallan que las víctimas viajaban en una camioneta Chevrolet Colorado, color blanco, cuando habrían sido interceptadas por un grupo armado que utilizó fusiles AK-47.
La zona serrana del sur del estado ha sido golpeada por la delincuencia organizada en los últimos meses, provocando el desplazamiento forzado de comunidades enteras.
Organizaciones políticas denunciaron durante el proceso electoral pasado que para llegar a ciertas comunidades, tenían que pedir permiso para hacer proselitismo, de lo contrario recibían agresiones.
Y aunque las autoridades se han comprometido a garantizar la seguridad de esas poblaciones, la violencia sigue desplazando familias enteras ante el temor de ser asesinadas.
VÍCTIMAS
Óscar Fitch Tovar
Jorge Rigoberto y Heraclio Isaac Fitch Valenzuela
CONTEXTO
En abril de este año, en la mina El Gallo, del municipio de Mocorito, fueron robados 8.4 millones de dólares en oro. Días después del hecho, el inversionista canadiense, Rob McEwen, propietario de la mina, declaró a The Wall Street Journal que en Sinaloa ellos tenían que pedir permiso a los grupos criminales de la región para que les permitieran trabajar. Tras extrañamientos del Gobierno del Estado, el empresario se desdijo de su declaración.