"‘Una industria azucarera, la truena un Gobernador sin escrúpulos’"
PRIMERA DE DOS PARTES
LOS MOCHIS, Ahome._ Quedan los restos de lo que fue: el emblemático y gigante Ingenio azucarero los Mochis.
Resisten las ruinas de las áreas de producción de azúcar; la maleza crece en los boquetes que tienen los edificios destrozados; los ex trabajadores venden las láminas de fierro que formaban la antigua fábrica como piezas de metal usadas y viejas, cambian un trozo de historia de más de 100 años por monedas.
Quedan las ruinas y los conflictos de la empresa azucarera que fue el impulsora del crecimiento de la ciudad norteña.
En la tierra en la que se sembraron 9 hectáreas de caña, según estimaciones proporcionadas, ahora hay un centro comercial con restaurantes y tiendas departamentales; una agencia automotriz; un museo y un teatro.
De la caída del gigante azucarero, de las tierras vendidas y el autoexilio, es de lo que habla hoy el empresario Luis Puente Pérez, quien acusa al ex Gobernador Mario López Valdez de obstaculizar las demandas mercantiles que interpuso contra los otros dos socios del ingenio, Alejandro Elizondo y Rodolfo de la Vega.
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Le imputa también al ex Mandatario estatal las amenazas que lo exiliaron de Sinaloa.
Ahora, con la instalación del nuevo Gobierno, el empresario concede una entrevista a Noroeste, tras 2 años de silencio obligado ante el miedo de que lo encarcelaran.
“Por las amenazas, tuve que vender tierras, tuve que vender bodegas, tuve que vender todo. Me autoexilié del Estado por 2 años”, expone.
Malova, obstáculo a la justicia, acusan
El sonido del saxofón se desvanece en la oficina. La voz enérgica de Luis Puente la sobrepasa.
Después de 2 años, el empresario regresó a Los Mochis a visitar a su familia.
Con la seguridad que ofrecen tres guardaespaldas armados, concede la cita en la oficina de la empresa Sugar Company. La puerta de la entrada del despacho está cerrada, se abre sólo para recibirnos. Esta no es una oficina común: aquí no hay secretarias, asistentes, ni empleados. Tampoco hay papeles en los escritorios, sólo hay muebles vacíos.
La melodía del saxofón se pierde, cuando Luis Puente eleva el tono de su voz y acusa al ex Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, de bloquear las áreas de justicia en Sinaloa, la Procuraduría General de Justicia y la Junta de Conciliación y Arbitraje, que dependían de él.
Lo inculpa de bloquear el avance de aproximadamente 20 demandas mercantiles que interpuso contra sus socios, Elizondo y De la Vega.
“¿Por qué el Gobierno del Estado, Mario López Valdez, se confabuló con los empresarios sinaloenses para truncar uno de los mayores sueños que ha tenido un fundador como fue Benjamín Johnston?", cuestiona.
“Un sueño de una industria azucarera que era a boyante, lo truena un Gobernador sin escrúpulos, que se dijo del pueblo y tronó al pueblo. Porque este ingenio le daba empleo a 4 mil gentes”.
-¿Cómo intervino el (ex) Gobernador en asunto como el ingenio?
Intervino a favor totalmente de los intereses de la familia Elizondo y De la Vega.
-¿Cómo actuaba?
Simplemente no procedía ninguna denuncia contra ellos, simplemente un trabajador no les puede cobrar por la vía legal, simplemente un ejidatario fue amenazado: ‘que si quemaba la caña, lo metían a la cárcel’… Fueron detenidos campesinos. Cómo es posible que venga con esa desfachatez un Gobernador a inaugurar un teatro en un terreno que compró, que estaba gravado, desde ahí está totalmente el acto ilegal que, además, un teatro que cuesta lo mismo que fue el teatro de Guadalajara, cuando el teatro de Guadalajara es cinco veces más grande. Y todavía tenemos la desfachatez de ponerle Teatro Ingenio. Ese teatro debería ser de los trabajadores, no manejado por una familia sinaloense, no. Jurídicamente debería de ser para pagarle a los trabajadores todas las dagas que les hicieron y les han dado despensas y migajas.
-Ahora, ese teatro pasó a manos de una IAP.
De un patronato amigo del Gobernador, en donde lo que les interesa es salir en la foto. Un teatro que ni siquiera está terminado… A mí me daría vergüenza ir a ese teatro porque fue a costa del sudor de los trabajadores de los últimos 40 años. Ese teatro debe ser de ellos. ¿Qué estoy buscando? Que regrese ese teatro a la panza del ingenio y se les entregue a los trabajadores para que sea usufructuado por los trabajadores…
-¿Qué interés cree que haya tenido Malova para intervenir en un asunto como éste?
Al señor Gobernador le pasó lo que a muchos gobernadores les ha pasado. Piensan que son cotos de poder, y cuando hay cotos de poder, no hay raciocinio que funcione, con un ingrediente: nuestras estructuras personales, como se lo dije en una ocasión al Gobernador. Los dos habíamos estudiado en una escuela con piso de tierra, yo en la Niños Héroes, y él no me acuerdo en cuál, (a Malova) se le olvidó. Entonces, quería agradar a las altas esferas de la sociedad. Eso fue un pecado gravísimo. Si ustedes ven la historia del Teatro Ingenio esa fue la razón; no es la cultura, no es trascender, porque pudimos hacer muchas cosas, no. Era quedar bien con un sector de la sociedad. Y ustedes saben que en esos sectores de la sociedad se les olvida y el Gobernante en turno es el que vale. ¡Muerto el rey, viva el rey!
-¿Cree que haya tenido algún beneficio económico?
…Tiene que trabajar la Fiscalía Anticorrupción en eso… Se tiene que seguir la huella de quién compró y por qué; parecido a lo que se hizo en Veracruz, es decir, que puede haber amigos que tengan bienes, hay que revisar a esos amigos por qué tienen bienes…
Con voz fuerte, Puente pide que el Sistema de Administración Tributaria, la Auditoría Superior de la Federación, así como la del Estado, revisen a López Valdez y a sus ex colaboradores.
Piden que inspeccione cómo se vendieron las 21 hectáreas de tierra que pertenecían al ingenio, cómo se gastó el dinero y el resto de los bienes.
“¡Cómo es posible la impunidad de un Gobernador en este país!”, reniega.
La expulsión
Luis Puente asegura ser socio del Ingenio azucarero los Mochis al poseer acciones de la empresa Agroindustrias del Valle del Fuerte.
En 2013, señala, Elizondo y De la Vega lo expulsaron del Consejo de Administración de la empresa, lo que le ha impedido tomar decisiones en los asuntos internos.
“¿Por qué pasó eso? Porque, claro, mi personalidad, ya la vieron: no soy fácil. Yo digo las cosas sin filtros… Pero encontramos un fraude, encontramos corrupción en la primera auditoría legal que le hacíamos al ingenio en 20 años”, asegura.
-¿De qué se trataba?
De las “mordidas” que cobraba el primo hermano abogado de Alejandro Elizondo, que se llama José Manuel Arreola. Tenemos un informe de abogados que dicen: ‘hay mordidas por todos lados, de alguien dentro de la empresa’. Y ese alguien era primo hermano de uno de los socios.
También acusa a los dos socios del derrumbe financiero y material del ingenio azucarero; de la venta ilegal de 21 hectáreas en la zona urbana; y de fraude a los ex trabajadores, ejidatarios y proveedores.
“Me sacaron con gente armada. Vendió a gente que era de su familia, y luego, regresó el dinero. Hay empleados que recibieron 17 millones de pesos de indemnización, son los empleados de confianza, ¡no los ganaba ni Trump!... La Junta de Conciliación y Arbitraje rompía los expedientes delante de mis abogados… Impunemente”, imputa.
-Hablando de los terrenos, ¿cuántos terrenos se vendieron?, ¿a quiénes se les vendieron?, ¿y de qué forma?
Esas 21 hectáreas, estamos hablando de 221 mil metros (que posee la empresa). Esos terrenos están vendidos a mucha gente que aprovechó la voracidad del evento que estaba sucediendo. Y están vendidos a empleados de la propia compañía, de confianza, para que ellos a su vez los vendan en valores reales hacia fuera. O sea, ha estado de cómplice hasta la Junta de Conciliación y Arbitraje porque venden terrenos baratos a sus empleados, los revenden caros hacia fuera y no le entregan nada a los trabajadores…
Puente también es socio del despacho Puente Román Maciel, una firma de abogados fiscales y contadores públicos establecida en Guadalajara. Dice que se dedica a los casos fiscales. También fue asesor del Senado de la República durante 20 años.
Las demandas
En Sinaloa, estima el empresario, hay alrededor de 70 demandas interpuestas por los ejidatarios, ex trabajadores y proveedores contra el ingenio y sus socios.
En Jalisco, dice, hay 20 demandas mercantiles más que interpuso.
Lo que Luis Puente es que la justicia lo favorezca y que se declaren nulos los actos realizados por el actual Consejo de Administración de la empresa, después de su expulsión.
“Logramos al fin que los delitos se configuren en Jalisco porque allá vivo yo, aunque soy sinaloense. La Fiscalía de Jalisco ya tomó cartas en el asunto. De ahí que las denuncias penales contra funcionarios públicos, contra el propio (ex) Gobernador y contra los accionistas. Esperamos que ya caminen con el nuevo Gobierno de Sinaloa”, confía.
-¿Cuáles son las demandas que sí están procediendo?
Ya procedieron las demandas de fraude de parte de los socios, porque hicieron operaciones con familiares. Son simulaciones jurídicas, son actos jurídicos encubiertos bajo la apariencia de otros actos, pusieron a la esposa, pusieron al hijo; entonces, cometieron un error muy grave de los negocios, que es involucrar a la familia…
El empresario prevé que se ejercerán órdenes de aprehensión derivado de las denuncias que ha interpuesto en la Fiscalía de Jalisco.
“Contra familia de los accionistas. Y ya se presentaron las denuncias contra gente del Gobierno”.
Pero Puente también quiere que se investigue a Malova y se castigue a los funcionarios que bloquearon las demandas.
-¿Tiene que pagar Mario López Valdez?
Si era dentro de su influencia y decisión, sí.
Ingenio Azucarero los Mochis
Más de 100 años de su edificación.
Construido por Benjamín Francis Johnston, quien también fundó Los Mochis.
El ingenio está constituido por la empresa Agroindustria del Valle del Fuerte S. A. de C. V., cuyos socios son Rodolfo de la Vega; Alejandro Elizondo y Luis Puente.
Esta empresa posee otras dos más: Compañía Azucarera de Los Mochis S. A. de C. V. y Agrícola Ohuira S. A. de C. V.
Fue declarado en quiebra. Hay litigios por indemnizaciones a trabajadores y ejidatarios, y también por las 21 hectáreas de tierra.
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