"Malova endeudó Sinaloa; no hay denuncias... aún"

Malova ingresó al "salón de la fama" de los ex gobernadores cuestionados. Lo que lo diferencia del resto es que la justicia no lo persigue... aún.

Durante su mandato, de 2011 a 2016, se cometieron prácticas indebidas en el manejo del dinero público.

La consecuencia es el déficit de las finanzas públicas estatales que heredó a su sucesor, al Gobernador Quirino Ordaz Coppel: incrementó la deuda del Gobierno del Estado a 13 mil 130 millones de pesos, al menos 6 mil millones de pesos más que lo recibido en 2010, estima Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas.

De ese total, 8 mil millones de pesos que adeuda, el Gobierno estatal no tiene dinero para cubrirlo.

Ese es el tamaño del "boquete" que Malova hizo a la Hacienda pública estatal al "robustecer" la nómina; dejar de enterar el Impuesto Sobre la Renta al SAT; tener pasivos en el Instituto de Pensiones y no pagar a proveedores y contratistas.

Se desconoce cuánto tiempo le tomará al Gobierno de Sinaloa recuperarse del "hoyo" financiero que le hizo López Valdez.

Eso fe lo que reportó ayer Ortega Carricarte durante la presentación del informe sobre la situación financiera y administrativa en la que se recibe el Gobierno del Estado que se elaboró durante la transición entre López Valdez y Ordaz Coppel.

Pese al déficit financiero heredado, Ortega Carricarte afirma que no hay investigaciones ni denuncias penales en contra de Malova, a diferencia de lo que ha sucedido con otros ex gobernadores acusados de corrupción o enriquecimiento ilícito.

Aquí y ahora, en la administración de Ordaz Coppel, parece que no se replicarán las acciones que emprendieron los Mandatarios de Sonora, Claudia Pavlovich; de Veracruz, Miguel Ángel Yunes; de Chihuahua, Javier Corral; de Nuevo León, Jaime Rodríguez, "El Bronco".

Ortega Carricarte delega esta tarea a las entidades fiscalizadoras.

"Si (de las auditorías), de ahí deriva que hubo algún peculado, algún mal uso del recurso, yo creo que procede una denuncia penal y se lleva un procedimiento penal, entonces tienen que surgir de las mismas revisiones que hacen estos órganos y las instancias fiscalizadoras", dice.

Estos son los problemas heredados por el malovismo.

Incremento al gasto y deuda

Malova se caracterizó por gastar más de lo que ingresaba a la Hacienda pública, así describe Ortega Carricarte a su gestión.

En su último año, en 2016, le autorizaron 45 mil 598 millones de pesos, sin embargo gastó 2 mil 225 millones de pesos en exceso, que se cubrieron con recursos extraordinarios del Gobierno federal.

Esta práctica la repitió a lo largo de su mandato.

"Lo que ha generado un aumento en el pasivo del Estado", evidencia.

Con Malova la deuda pública creció a 13 mil 130 millones de pesos, exhibe el funcionario estatal.

De este total, la deuda a largo plazo es de 4 mil 518 millones de pesos; mientras que los 8 mil 612 millones de pesos restantes que son pasivos de corto plazo, no tienen fuentes de pago.

"A proveedores y contratistas se le adeudan 2 mil 241 millones de pesos y a los institutos de pensiones mil 725 millones (de pesos); lo que ha generado la descapitalización de los fondos y el incumplimiento de algunos compromisos", reporta.

"Adicionalmente, se han identificado otros pasivos no registrados en la contabilidad por 933 millones de pesos, que incluyen proveedores y contratistas, bonos de pensión en firme, compromiso con trabajadores y ajustes en participaciones, por lo que el total de pasivos asciende a 13 mil 130 millones de pesos", menciona.

Según el funcionario, la deuda en el sector Salud asciende a mil 500 millones de pesos y en Educación a 396 millones de pesos.

'Boquete' a pensiones

Las pensiones se convirtieron en el mayor lastre por concepto de gasto del Gobierno estatal.

En la administración anterior, el número de jubilados incrementó en 77 por ciento y el subsidio pasó de 709 millones de pesos en 2010 a 2 mil 900 millones de pesos en 2017.

El subsidio se incrementó tres veces más.

Administración 'obesa'

En el sexenio malovista, se crearon 11 organismos descentralizados, con lo que actualmente existen 51 entidades que pertenecen al Ejecutivo estatal, evidencia el mazatleco.

"Generando una presión a las finanzas públicas", señala.

Estas dependencias carecen de mecanismos de armonización contable, indicadores de gestión y resultados de los programas y acciones, un adecuado control y seguimiento en el ejercicio de recursos, evidencia.

A través de estos organismos descentralizados "robusteció" la nómina.

Al principio de su administración, en 2012, López Valdez declaró la existencia de un "gravísimo problema de nómina". El total ascendía a 71 mil 300 burócratas y consideró que había 20 mil empleados "de más".

Pero eso fue sólo discurso, pues en su periodo empleó a 6 mil personas más, acusa Ortega Carricarte.

"Durante el proceso de entrega-recepción, se han identificado 74 mil 435 trabajadores activos, un crecimiento estimado de 6 mil trabajadores durante el periodo 2011-2016. Los organismos descentralizados son los que presentan el mayor incremento de 19 por ciento en el mismo periodo", exhibe.

El problema es tan grave que la actual administración no ha logrado identificar al total del personal contratado.

"(Se presume) el consecuente crecimiento en costos y duplicidad de funciones", expone.

No enteró impuestos

Debido a que no enteró el Impuesto Sobre la Renta correspondiente a la nómina en 2013, y que obligó que Ordaz Coppel solicitara un crédito fiscal por 555 millones de pesos, el Gobierno del Estado solicitó al SAT audite los periodos siguientes de 2014 al 2016.

Recaudación baja

Al mismo tiempo que gastaba el dinero, dejó de recaudar impuestos.

"Se obsera una tendencia negativa en el esfuerzo recaudatorio, generando una pérdida de recursos por distribución de participaciones federales", reporta el Tesorero estatal.

"Del 2011 al 2016 los ingresos propios fueron menores en 2 mil 153 millones de pesos de los presupuestados en la Ley de Ingresos".

Desactualización

Al malovismo no le interesó la modernización de la administración pública estatal.

"El 80 por ciento del equipo informático de comunicaciones está desactualizado con más de 6 años de antigüedad, presentando fallas en la operación y altos costos de mantenimiento", evidencia Ortega Carricarte.

En tanto, sólo el 58 por ciento de las unidades del parque vehicular está en buenas condiciones y el 32 por ciento son modelos recientes de 2011 a la actualidad.

"(Sin embargo), de las patrullas recibidas por la Secretaría de Seguridad Pública el 63 por ciento estaba fuera de servicio", denuncia.

Ocultan los informes

Como  intentaron otros ex gobernadores acusados de corrupción, Malova ocultó el 58 por ciento de los registros documentales que informan el estado de los bienes del Gobierno del Estado.

"El promedio de integración de las actas de entrega-recepción fue de 42 por ciento, al no contar con toda la información que debe ser agregada en sus respectivos anexos por los responsables en términos de la Ley de Entrega-Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa", revela.

"No es posible conocer el estado en el que se recibe cada dependencia en su totalidad, entidad u organismo público descentralizado, ya que la información registrada sólo se enfoca a la entrega del despacho del titular y no del total de la dependencia".

El funcionario estatal incluso evidencia que en el proceso de entrega y recepción del Gobierno se les negó información sobre las observaciones y acciones que realizaron las instancias fiscalizadoras.

Ante la negativa de información, la actual administración requirió los datos a través de solicitud de información posterior y acudir a otras fuentes.

En su interés de no dejar rastro de las irregularidades, en 2015 y 2016 la extinta Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, entonces a cargo de Juan Pablo Yamuni Robles, ahora Diputado local panista, no realizó auditorías a la administración de su ex jefe Malova.

Y sólo revisó el sector de obra pública de 2014 a 2016, por obligación con la Federación, denuncia Ortega Carricarte.

"Durante los años 2015 y 2016, no se tiene registro de que se hayan ordenado auditorías propias", exhibe.

MEDIDAS EN OTROS ESTADOS

Acciones emprendidas por los mandatarios de otras entidades en el inicio de sus gestiones.

- Claudia Pavlovich, Gobernadora de Sonora

En su segundo día como Gobernadora, inició una investigación contra su antecesor, el panista Guillermo Padrés, por 6 mil 200 millones de pesos que dejó como deuda.

Reformó el Reglamento de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para crear la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción.

Eliminó la Secretaría de Imagen Institucional y Comunicación Social creada por Padrés.

Padrés Elías y su hijo fueron detenidos el 10 de noviembre de 2016 y permanecerán recluidos el tiempo que dure su juicio, que podría ser de al menos ocho meses. Los delitos que se le imputan al ex Gobernador de Sonora son lavado de dinero, defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada.

- Jaime Rodríguez, "El Bronco", Gobernador de Nuevo León

Reestructuró la Procuraduría de Justicia para integrar la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, la cual estará integrada por abogados y expertos.

Convocó al público a presentar información de corrupción, ofreciendo confidencialidad y premio por recuperaciones, así como perdón de penas en el caso de complicidades.

Inició una investigación llamada "Operación Tornado" en la cual se investigaron hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial y ejercicio indebido de funciones de funcionarios del Gobierno previo. Esto logró que un juez decretara el aseguramiento y embargo de bienes de 11 exfuncionarios, incluido el ex Gobernador.

En enero de este año, logró meter a prisión preventiva a Rodrigo Medina, el ex Gobernador, por presunto peculado y daño patrimonial de por al menos 3 mil 600 millones de pesos.

- Javier Corral, Gobernador de Chihuahua

Instauró un grupo especial integrado por un Fiscal General, cuatro fiscales de Zona y un fiscal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con motivo de investigar las irregularidades en el Gobierno previo, liderado por César Duarte Jáquez.

Creó el sitio web www.denunciachihuahua.mx, el cual permite a empleados del gobierno y ciudadanos hacer sus denuncias de forma anónima sobre irregularidades; el sitio cuenta con un campo para subir fotos, videos y documentos, así como un espacio para darle seguimiento a las quejas.

Estableció un plan de austeridad que consistió en fomentar medidas de ahorro y desincorporarse de inmuebles de la administración anterior. Las medidas de ahorro consistieron principalmente en la cancelación de comidas en restaurantes, líneas de celular y compra de boletos de avión en primera clase, así como un recorte millonario para el área de Comunicación Social; en cuanto a la desincorporación de inmuebles, Corral puso en venta 4 aviones, 2 helicópteros, 13 terrenos y 500 automóviles.

Corral piensa acudir a organismos internacionales o hacer una colecta para pagar los 55 mil millones de pesos de deuda que heredó, la más alta del País.

- Miguel Ángel Yunes. Gobernador de Veracruz

Desde antes de asumir su puesto como Gobernador, Yunes realizó una investigación de campo sobre la corrupción sistémica de Duarte.

En enero de este año interpuso denuncias contra Duarte y ex funcionarios de salud por la compra y aplicación de medicamentos apócrifos y agua salina que se utilizaron como sustitutos de medicina en las quimioterapias de los tratamientos de niños con cáncer; también lo hizo así para las 70 mil pruebas falsas de detección de VIH/Sida dirigidas a mujeres embarazadas.

Posteriormente, dictó prisión preventiva al ex titular del Seguro Popular en la Secretaría de Salud.

El día de ayer, dirigió un operativo derivado de una denuncia anónima en el cual se encontró y aseguró una bodega con pertenencias del ex mandatario Javier Duarte y de su esposa, Karime Macías. Se encontraron desde artículos como palos de golf, vajillas, balones, plumas, arte, muebles y libros, hasta artículos presumiblemente propiedad del Gobierno de Veracruz, como sillas de ruedas, andaderas, despensas, útiles escolares, entre otros; además, se encontraron diarios y libretas con anotaciones de puño y letra de cuentas bancarias, referencias sobre propiedades, y una relación extensa de familiares, funcionarios, socios y diversas personas con quienes hacían negocios ilícitos.

"A aquellos funcionarios o exfuncionarios que se le detecten irregularidades o malos manejos de los recursos derivado de las revisiones de las diferentes instancias fiscalizadoras, se les va a aplicar estricta y llanamente la Ley".

"El presente informe es resultado de la revisión de las actas de entrega-recepción de los funcionarios salientes, así como la información financiera y administrativa disponible a través de múltiples fuentes de información que en algunos casos ha sido inconsistente y desactualizada".

"No es posible conocer el estado en el que se recibe cada dependencia en su totalidad, entidad u organismo público descentralizado, ya que la información registrada solo se enfoca a la entrega del despacho del titular y no del total de la dependencia y/o entidad".

"La situación financiera en que se recibe la administración pública estatal es deficitaria con un mayor gasto en relación a los ingresos".

"En materia de ingresos se observa una tendencia negativa en el esfuerzo recaudatorio, generando una pérdida de recursos por distribución de participaciones federales".

"Se recibe un estado con un importante déficit financiero y estructural que compromete las finanzas públicas".

"La deuda documentada a largo plazo es de 4 mil 518 millones de pesos y los pasivos de corto plazo, sin una fuente de pago específica reportan 8 mil 612 millones de pesos".

"Aún se desconoce el importe final de estos compromisos de enterar al SAT por estar en proceso de conciliación con la autoridad y por ende no se incluye en el total de pasivos del Estado reportado con anterioridad".

"El Ejecutivo del Estado no cuenta con una nómina consolidada que incluya a todos los entes públicos que permita identificar el total del personal, tanto a nivel central como organismos descentralizados".

"De las patrullas recibidas por la Secretaría de Seguridad Pública el 63 por ciento estaba fuera de servicio, por lo que se tuvo que disponer de vehículos utilitarios para adecuarlos y equiparlos como patrullas".

"Sólo cinco de un total de 75 sujetos obligados del Poder Ejecutivo estatal que deben cumplir con diversas obligaciones de transparencia y acceso a la información habían empezado a cargar información en la plataforma del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales".

"En el proceso de entrega-recepción, no se proporcionó el estado en que se encuentran las observaciones y acciones de las distintas instancias fiscalizadoras, por lo que se requirió una solicitud de información posterior y fue necesario acudir a diversas fuentes para su obtención".

"En los últimos 3 años, la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, sólo realizó auditoría a los fondos en los que se ejecuta obra pública en cumplimiento al convenio de colaboración que tiene con la Secretaría de la Función Pública, por lo que durante los años 2015 y 2016, no se tiene registro de que se hayan ordenado auditorías propias".

Carlos Ortega Carricarte

Secretario de Administración y Finanzas