"El Atlas Nacional de Riesgos"

Al momento, los datos son imprecisos. A los 4 mil edificios que dañó el sismo en la Ciudad de México, habría que sumar los de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala. El espanto irá a más en la medida que sucedan dos cosas: los números se terminen de afinar y las investigaciones descubran las causas que provocaron el colapso de algunos  edificios.

 

Buscando con cierto empeño en la página web del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), es posible encontrar una brevísima explicación sobre la utilidad del Atlas Nacional de Riesgos ( http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/ ), el cual, para decirlo brevemente, es un instrumento que sirve “como base de conocimientos del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura del sitio”. En principio el instrumento es de mucha utilidad, ya que “nos permite hacer una mejor planeación del desarrollo para contar con infraestructura más segura y de esta forma contribuir a la toma de decisiones para la reducción de riesgos de desastre”.

 

El mapa que al día de hoy presenta la página muestra con toda claridad la ubicación exacta de los edificios dañados, los colapsados y los que están en grave riesgo de caer. Una herramienta útil, pero desfondada moralmente. Me explico.

 

En su último trabajo de investigación periodística, José Gil Olmos hace un recuento de los efectos provocados por el boom inmobiliario en la Ciudad de México, y por la manera en que algunas autoridades delegacionales manejan el Atlas. Olmos señala que “al menos 113 ciudadanos han solicitado mediante la Ley de Transparencia que se les entregue dicho atlas, pero la Secretaría de Protección Civil, a cargo de Fausto Lugo García, ha contestado que dicha información ‘está reservada’ y que únicamente tendrán acceso a ella quienes acrediten ‘interés jurídico’”, cuando lo correcto sería que cualquier ciudadano acceda a una información “vital a la hora de comprar un departamento o una casa, a fin de saber si en el área no se ha rebasado el límite de seguridad de la construcción y entonces tomar decisiones”.

 

Nadie duda que ante un sismo como el del pasado 19 de septiembre, muchos edificios hayan sufrido daños muy graves, incluidos los estructurales, sin embargo, buena parte de esos daños y, muy especialmente, las muertes, podrían haberse evitado si el Atlas no hubiera sido manejado desde la opacidad y el favoritismo hacia las compañías constructoras.

 

Como refiere Josefina Mac Gregor en el reportaje hecho por Gil Olmos, en la Ciudad de México, “miles de familias han comprado departamentos en zonas donde ignoran si el suelo es el idóneo para un edificio de varios pisos”. Las pruebas son irrefutables. De los edificios reportados con daño estructural, “algunos de éstos son de reciente construcción, como el Real San José, en la Colonia Portales, que consta de seis pisos y 24 departamentos, o el condominio Emperadores, de la constructora Rouz, con 18 departamentos. [...] Muchos de los nuevos edificios dañados se construyeron al amparo de una argucia legal contemplada en la Ley de Desarrollo Urbano, que se llama ‘instrumento de potencialidad’. ‘La transferencia de potencialidad’ se ha utilizado de manera brutal, sin ningún control: no se sabe quién autorizó ni cómo lo hizo, a quién le pagaron ni si al autorizar se hicieron los estudios para ver si los pisos adicionales eran factibles o no en la zona, señala Mac Gregor”.

 

¿Cuántas muertes se habrían evitado si el Atlas, como corresponde, estuviera al alcance de todos los ciudadanos? ¿Cuántas familias no hubieran perdido su casa si hubiesen tenido conciencia de las condiciones del suelo donde fue levantada? ¿Cuántos millones de pesos invertidos en sobornos podrían haber sido empleados en acciones de carácter preventivo? Ahora que comienza a brotar la podredumbre de las cloacas, ¿quién debe hacerse responsable de los daños sufridos en las edificaciones que se construyeron a partir del 2000? ¿El Cenapred? ¿Andrés Manuel López Obrador? ¿Marcelo Ebrad? ¿Miguel Ángel Mancera? ¿Los funcionarios de medio pelo que se las ven con constructoras que destinan hasta un 30 por ciento de su presupuesto para el reparto de moches y mordidas? ¿Quiénes y cómo deben pagar por tantas y tantas vidas rotas?

 

Resulta evidente que, como instrumento, el Atlas Nacional del Riesgo no es el problema, aunque tampoco podemos negar que el Atlas no nos previene de los puntos geográficos donde la corrupción ha hecho de las suyas. Ésta última, creo, es su mayor área de oportunidad.

Con vistas a ir explorando algunas alternativas para resolver esta debilidad, y mientras van escogiendo a los chivos expiatorios que habrán de pagar los platos rotos de los incumplimientos y demás triquiñuelas asociadas a la construcción en zonas de alto riesgo, vale la pena pensar en algunos ajustes al Atlas, el cual, de entrada, podría contener una pestaña relacionada con la corrupción.

 

En su versión 2.0, de una manera “amigable”, el Atlas podría mostrar en qué delegaciones de la Ciudad de México hay edificaciones construidas por las constructoras de peor fama, con el fin de que el cliente pueda realizar una compra más informada. De igual forma, se podrían incluir datos sobre el historial de construcciones fallidas, cambios repentinos y actualizaciones en la normativa relacionada con el uso de suelo, ejemplos de convocatorias amañadas, notas periodísticas de constructoras implicadas en escándalos de corrupción, listados de funcionarios públicos procesados por corromperse con algunas constructoras, mapas claros y entendibles de las zonas con más riesgo, listados de bancos que se niegan a dar créditos hipotecarios en zonas famosas porque sus edificios se caen, entre otros datos más.

 

Suena a broma, pero lo que digo va en serio. El Atlas debería contener un apartado que permita a la ciudadanía adquirir una vivienda teniendo el mapa completo, es decir, teniendo completa claridad respecto a lo geológico, estructural, legal y, sobre todo, lo moral, porque, sin duda, habrá nuevos sismos, pero que podrían ser menos fatales en la medida que las tramas de corrupción sean expuestas en el Atlas, y así la ciudadanía pueda mantenerse a la distancia de ellas. Tener acceso a este tipo de información es un derecho, que la autoridad no debería negarnos.

 

Como lo señalé en mi colaboración pasada, estamos siendo testigos de las primeras fases de los estragos del sismo. Las consecuencias más duras y crueles, desafortunadamente, están por venir.