"Confirmación"

Los militares hablan poco, pero cuando hablan tiembla la conciencia nacional.

Y ayer no habló cualquier militar, lo hizo Salvador Cienfuegos Zepeda, el Secretario de la Defensa Nacional.

Y habló para dejar en claro lo que la mayoría de los militares piensa, desde la tropa hasta los altos mandos: están hartos de hacerle al policía.

Para entender un poco el lío en el que estamos metidos hay que comprender la naturaleza del trabajo de los militares.

Para empezar, los militares son los responsables de garantizar la seguridad del País en caso de una agresión exterior, fueron formados y entrenados para la guerra.

El problema es que ante el caos en seguridad al “interior” del País, al Presidente Felipe Calderón se le hizo fácil utilizarlos como policías, ante el desastre que significaban las policías mexicanas, léase municipales, estatales y federales.

La decisión tenía cierta lógica: se usaría a los militares para enfrentar a la delincuencia organizada mientras se entrenaba a una policía de a de veras. 

El problema es que después de 10 años, los policías siguen sin ser capacitados y los militares siguen en las calles.

A dos fuegos

Además de mantener a los militares persiguiendo a delincuentes, se cometió otro grave error: jamás se creó un marco legal para que actuaran en contra de la población civil, por lo que es sumamente fácil que un militar viole las leyes.

A continuación tenemos el peor de los mundos posibles para los militares: por un lado arriesgan la vida frente a la delincuencia organizada y por otro se arriesgan a terminar en un juzgado frente a un Juez.

Y si usted le quiere agregar más clavos a la cruz, súmele el nuevo sistema de justicia donde prevalece el “debido proceso” y la “presunción de inocencia”, armas letales en contra de militares deteniendo a civiles.

Todo esto viene a cuento por la nueva ley que se está cocinando en el Congreso de la Unión y que podría ser el soporte jurídico para que los militares puedan ser policías legales en las calles.

La noticia parece buena, pero tiene sus aristas, ya que crear un marco legal para la actuación de los militares en la vida de los civiles es una forma de anunciar que seguirán en las calles de manera indefinida.

Esto significaría la militarización oficial de México y de eso a una dictadura militar no hay mucho trecho.    

Atorón en 

el Congreso

La presión que están ejerciendo los empresarios con su rotundo “no” al incremento del 100 por ciento al Impuesto Sobre Nómina metió en un atorón a los diputados que pretendían votarlo ayer y no hubo “fast track”.

En la sesión se pretendía dar primera lectura al dictamen que propone el aumento, aun cuando el martes la iniciativa se dio apenas a conocer en el pleno.

El dictamen se incluyó en la orden del día, sin embargo, no estaba elaborado, lo que provocó que Roberto Cruz Castro, presidente de la Mesa Directiva, decretara un receso que duró siete horas.

A las 20:00 horas, el Diputado panista decretó otro receso, pero ahora por doce horas, convocando a los legisladores a sesión hoy viernes, a partir de las 08:00 horas.

Los empresarios que se oponen al incremento califican la propuesta como desafortunada, sin pertinencia, ni sensibilidad ante la crisis económica. 

Y así lo hicieron saber en la reunión que tuvieron con el Gobernador electo Quirino Ordaz Coppel, quien justificó un incremento al gravamen por la preocupación por las pensiones y el recorte presupuestal que viene en 2017.

Aunque Quirino se ha mostrado parco en sus mensajes, quizás éste sería el primer desaguisado de tantos que le tocarán durante su gobierno.

No es cosa menor jalarle la cobija a los empresarios que ven un año 2017 financiéramente muy complicado.

Esperemos hoy el desenlace de las negociaciones entre los diputados, por lo pronto el PAN dice que no apoyará un incremento del 100 por ciento, pero ya sabemos cómo funciona esto en el Congreso.

La mayoría ya está lista para levantar el dedo.

Acto de fe

Los constructores recurrieron ayer a los medios de comunicación, con el propósito de intentar presionar al Gobierno del Estado. 

Al igual que los textileros, papeleros y maestros, quieren que les paguen.

La deuda asciende a 45 millones de pesos. Hay algunos contratistas que construyeron en 2013, ya han pasado tres años, Mario López Valdez ya casi se va y no les paga.

En la reunión que tuvieron ayer en la CMIC, algunos socios propusieron tomar las máquinas y así como lo hacen los agricultores, rodear el Palacio de Gobierno, a ver si con eso, el Gobernador suelta el dinero... si es que lo tiene.

Otros más propusieron demandar legalmente al Gobierno del Estado.

Pero, después de tanto grito y alegato, los constructores decidieron esperar a ver si Malova, ahora sí cumple su palabra... aún tienen fe.