"¿Cómo debe ser el primer Fiscal General de Sinaloa y por qué importa?"

En medio de la sicosis que ha generado la violencia en Sinaloa, hay un tema que no llama la atención como debiera. No es una nota “sexy” por su nivel técnico y su corte jurídico, pero sobre todo, porque sus implicaciones no son inmediatas, sino de largo plazo.

 

Hablo del proceso para la designación del primer Fiscal General del Estado. Una figura con nuevas atribuciones que se enmarca en la agenda nacional para dotar de autonomía la procuración de justicia y el combate a la impunidad y la corrupción.

 

No es un tema menor. Es el tema más importante que se discute en la agenda política de Sinaloa en este momento.

 

Desde la teoría política, la figura del Fiscal General como una institución autónoma del Poder Ejecutivo es imprescindible en la nueva arquitectura democrática que aspiramos a construir en Sinaloa.

 

En la práctica, la razón es más sencilla: el Fiscal debe dejar de ser nombrado por el Gobernador y debe estar lo más alejado posible de sus intereses. Mientras quien procure justicia responda a quien ejerce el mayor poder en el estado, será imposible que cambiemos nuestro problema crónico de inseguridad e impunidad.

 

La Fiscalía fue una de las promesas de campaña más repetidas de Quirino Ordaz. Cumplir su compromiso de permitir que la ciudadanía y el Congreso construyan una Fiscalía autónoma y fuerte es clave para que el Gobernador sostenga su credibilidad en el futuro. Si la Fiscalía nace débil, el Gobernador también se debilita.

 

La Fiscalía también es importante porque si no contamos con una verdadera institución autónoma, tampoco habrá voluntad real de someter a investigación y proceso a los funcionarios corruptos del malovismo. Uno de los reclamos más sentidos de los sinaloenses que a diario se enteran de algún nuevo desfalco.

 

Y además, garantizar esa condición impune le enviaría a los funcionarios actuales la señal inequívoca de que todavía se puede ejercer el patrimonialismo, el abuso de poder y el tráfico de influencias desde el servicio público sin consecuencia alguna.

 

Por eso es fundamental que el proceso para la designación del Fiscal corra en las mejores condiciones posibles. Si bien la convocatoria es parca y los requisitos de ley bastante generales, el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) tiene una oportunidad enorme para imponerse a sí mismo altos estándares técnicos, metodológicos y éticos para evaluar a los aspirantes y seleccionar la quinteta inicial. Solo necesita voluntad.

 

De los cinco, el Gobernador elegirá una terna y el Congreso tendrá la última palabra.

 

El proceso inició con una reunión entre la Coordinación General del CESP, liderada por Ambrocio Mojardín, y un colectivo de organizaciones civiles, empresariales y profesionales. Después se abrió la convocatoria un tiempo cortísimo. Y el día de ayer, a la una de la tarde, se cerró el registro con 17 aspirantes: Francisco López, Oswaldo Miranda, Hugo Florencio Medina, Francisco Javier Cervantes, Juan José Ríos, Miguel Armenta, Jesús Martín Robles, Alfonso Carlos Ontiveros, Sergio Rochín, Jorge Luis Becerra, Enrique Feregrino, Luis Alberto Jauss, Óscar Fidel González, Julio César Romanillo, Jesús Antonio Sánchez, Manuel Lazcano y Adrián Galán.

 

Al Consejo le corresponderá evaluar las propuestas de trabajo y los perfiles de los aspirantes. 

 

Empezamos mal. A pesar del amplio conocimiento técnico que existe sobre cómo conducir procesos de designaciones oficiales, el CESP se limita al discurso de “las condiciones”, cuando existe una gran oportunidad para abrir y socializar el proceso.

 

La lógica debe ser que, siendo la primera vez que Sinaloa elige Fiscal General, ¡habrá que hacerlo muy bien!

 

Sobre el proceso, la organización Iniciativa Sinaloa emitió una serie de criterios muy puntuales para mejorarlo y que pueden consultarse aquí:  http://www.iniciativasinaloa.org.mx/wp-content/uploads/2017/02/Proceso-de-designaci%C3%B3n-del-Fiscal-General-PROPUESTA-DE-IS-A-LA-CG-DEL-CESP.pdf

 

Espero que el Coordinador General y los integrantes del Consejo no olviden su carácter ciudadano dentro del proceso y atiendan las críticas y recomendaciones de la sociedad civil. Que escuchen más a la ciudadanía que al Gobierno. Que integren las mejores prácticas y diseñen una metodología clara. Y que abran las entrevistas al público y la sociedad civil organizada. Transmitirlas por Facebook no alcanza.

 

En ellos les va su prestigio ciudadano -que no es poco-, y con ellos nos va que los próximos siete años confiemos en un Fiscal elegido con rigor y transparencia. Los ciudadanos tenemos la obligación de estar al pendiente y ejercer un acompañamiento exigente. No los dejemos solos, son muchos los intereses que se juegan en este procedimiento complejo. Necesitan apoyo, estemos cerca.

 

Y espero que los diputados y el Gobernador materialicen su discurso de “gobernar diferente”, dejando a los ciudadanos hacer su chamba sin presiones de cualquier tipo.

 

Insisto, si Quirino Ordaz quiere entregar buenas cuentas en seguridad y combate a la corrupción al final de su gobierno, debe dejar de controlar la procuración de justicia. Y puede empezar desde ahora.