Violencia electoral

    La escalada de crímenes contra candidatos se dio este viernes cuando mataron a dos aspirantes, uno en Tamaulipas y otro en Oaxaca.

    Son ya 36 los políticos que han sido asesinados este año, 25 de ellos aspirantes o candidatos, con lo que se confirma que éste podría ser el proceso electoral más violento de la historia.

    La escalada de crímenes contra candidatos se dio este viernes cuando mataron a dos aspirantes, uno en Tamaulipas y otro en Oaxaca.

    No hace falta más para también confirmar la terrible sospecha de que el crimen organizado está de lleno metido en el actual proceso electoral.

    Pero no es éste el primero en que sucede, pues esta influencia de la delincuencia organizada en la política se empezó a detectar desde 2006, según documenta el estudio Votar entre balas, realizado por Animal Político, DataCívica y México Evalúa .

    “A lo largo de casi dos décadas, el crimen organizado ha diversificado e intensificado sus estrategias para incidir en la política local mexicana. Desde 2006, elección tras elección, observamos un número creciente de ataques directos a autoridades electas, personas funcionarias, candidatas y militantes de partidos políticos”, plantea el estudio desde su introducción.

    El asunto es que de 2006 a 2012 se contabilizaron 311 ataques de este tipo, pero para el periodo 2018-2023 fueron 836 los registrados, es decir, en 10 años casi se triplicó el uso de esta violencia contra actores políticos de alto perfil.

    Los objetivos, señala el estudio, van desde multiplicar y consolidar las redes de protección que sustentan al crimen organizado, así como el debilitamiento del sistema de seguridad y justicia, la ampliación del acceso de los grupos criminales a recursos económicos, hasta por supuesto imponer sus preferencias políticas, colocando, mediante el uso de violencia, a personas candidatas de su elección o removiendo a aquellas que no les son convenientes.

    Uno de los mayores riesgos a la democracia es que éstos ataques inhiben la participación ciudadana en los procesos electorales.

    Pero lo peor es que no se observa que las autoridades se pongan ya a revisar el impacto de esta violencia sobre el sistema político ni sepan cómo ponerle freno.

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