Presidencia, fuerzas armadas y seguridad: popularidad y eficacia disociados

Una cosa es encontrar que la popularidad de un gobernante puede sostenerse relativamente alta aún a pesar de que la mayoría reprueba su política de seguridad y otra es el aprendizaje político e institucional que podría derivarse de esto. Vamos por partes.

Primero, contrario a la intuición -o al menos a la intuición basada en la comprensión histórica de la democracia-, ahora sabemos que la misma mayoría que reprueba la política de seguridad, puede aprobar al gobernante que la encabeza. No es fácil entender esto y requiere análisis cuidadosos para descifrar qué se asocia y qué se disocia en la percepción colectiva cuando se evalúa a la persona y cuando se evalúan sus políticas de gobierno. Lo más posible de entrada es que habría motivos de tal fuerza para confiar en el gobernante que su fracaso en la seguridad sería comparativamente menos relevante.

Segundo, me pregunto qué aprendizaje institucional podría haber al confirmar esto. Me parece de enorme relevancia la posibilidad de que esto debilite aún más la precaria rendición de cuentas. Si desde el aparato de Estado se está descubriendo que hay determinados resortes de la popularidad de quien gobierna que hacen posible relevar la necesidad de alcanzar resultados convincentes en seguridad, entonces estamos en mayores problemas de los que creíamos estar.

Esto puede incluirse en la discusión sobre el desmantelamiento de la democracia a manos de los populismos y en tal contexto las posibilidades de una política de seguridad armónica con los derechos humanos pueden desvanecerse. Para decirlo fácilmente, si no se requiere gobernar bien para ser popular, no al menos en seguridad pública, entonces el aprendizaje puede ser extraordinariamente ominoso.

En anteriores opiniones expliqué la hipótesis según la cual López Obrador habría calculado que su popularidad y la de las fuerzas armadas serían suficientes para transitar hacia el control militar de la seguridad pública sin mayor problema, independientemente de la eficacia. Hoy, más allá de que la mayoría cree que la política de seguridad fracasó, de igual manera la ideología presidencial militarista se afianzó en el sexenio y tenemos una Guardia Nacional que cumple todos los indicadores propios de una institución militar. Lo tenemos claro: la militarización de la seguridad pública no está en función de los resultados.

¿Sabían el Presidente y las fuerzas armadas, al inicio del sexenio, que la seguridad no llegaría en el corto plazo? ¿O acaso siempre han sabido que la seguridad, la justicia y la paz están muy lejos y lo que se debe hacer es gestionar la crisis? ¿Se hicieron cálculos anticipando que su popularidad, la del Ejecutivo federal y la de los militares, daría el margen suficiente para conservar el apoyo popular mayoritario, aún en medio de la crisis?

Podríamos haber llegado a una etapa que ni siquiera hemos entendido. Popularidad de quien gobierna y evaluación de sus políticas de gobierno parecen disociadas y eso podría ser igual con respecto a las fuerzas armadas, en cuyo caso sería más útil invertir en lo primero que en lo segundo. Es decir, anteponer la popularidad a la calidad de gobierno.

Nada de esto tiene respuestas sencillas. Sugiero, en todo caso, aquilatar las posibles implicaciones de la disociación entre la popularidad y la eficacia.