Los organismos ciudadanos sobre transparencia y rendición de cuentas

Esta semana, el grupo Xóchitl-Lovers llevó a cabo mesas de discusión y análisis de temas que pudieran proponerse a la candidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, uno de cuyos temas fue el referente a la transparencia y rendición de cuentas, que es una de las obligaciones del Gobierno, así como de organizaciones como sindicatos, universidades y en general todos aquellos que ejercen recursos públicos.

Precisamente por ser esto una obligación gubernamental y un derecho ciudadano, este régimen ha procurado disminuir, difamar o eliminar el órgano garante como lo es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Rendición de Cuentas, que es un organismo ciudadano independiente que ha logrado sobrevivir a los embates que han eliminado a varios organismos creados para exigir y controlar el quehacer gubernamental.

El Poder Ejecutivo ha usado todo su poder y argucias legales, tales como:

1. Los organismos ciudadanos son muy costosos y corruptos y son ineficaces pues siempre favorecen a la oposición, a las empresas y a los empresarios.

2. Se les recorta presupuesto y no se les designan nuevos integrantes en sustitución de quienes ya terminaron su mandato.

3. O bien, se designan nuevos integrantes favorables al régimen.

4. Se modifican leyes para quitarles atribuciones y fuerza en sus decisiones.

5. Se desprestigia a los integrantes del organismo, comenzando con el Presidente del mismo.

De todo esto ha sufrido el INAI que sólo tiene cuatro de sus comisionados pues ni el Presidente envía propuestas ni el Poder Legislativo le exige se cumpla ese mandato constitucional.

Además de tener limitadas sus funciones por falta de comisionados, la Secretaría de Gobernación ha girado órdenes a las dependencias del Ejecutivo de no acatar las solicitudes de información que por ley deben proporcionarse a los ciudadanos.

Los actuales comisionados, en una reunión con funcionarios e investigadores del periódico El Universal, manifestaron que han elaborado un proyecto de ley para que se le de fuerza al INAI para ejercer sanciones a quien no acate las disposiciones de transparencia. Por cierto, esta reunión con El Universal se llevó a cabo en marzo y ya en abril le cayó una revisión por la Auditoría Superior de la Federación, acusando de recibir “moches”, abuso de poder y falta de cumplimiento.

Se requiere un gobierno auténticamente demócrata que robustezca la existencia y el poder de estos organismos independientes, razón por la cual se han elaborado propuestas en ese sentido en las llamadas mesas temáticas, con ideas para los candidatos de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez y los correspondientes para el Senado y la Cámara de Diputados:

1. Se propone restituir y darles vigencia a las leyes de transparencia que ya se tiene y desde luego designar de inmediato a los comisionados faltantes.

2. En segundo lugar revisar la legislación actual para proponer reformas que mejoren su contenido, otorgando “dientes” al organismo para que pueda exigir el cumplimiento de sus disposiciones.

3. Precisar los asuntos que puedan considerarse como información clasificada y determinar con precisión los que puedan reservar como “de seguridad nacional”.

4. Eliminar los decretos y decisiones presidenciales que determinaron como “seguridad nacional” las obras públicas como Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, etc.

5. Dejar bien clara la protección de los datos personales, precisando en qué casos existe conflicto de interés.

6. Ordenar se mantengan los portales de información de las dependencias que deben contener datos sobre nómina, sueldos, gastos administrativos, documentación, etc.

7. Facilitar al máximo el acceso a la información vía sistemas de telecomunicación, internet, teléfono, etc.

8. La regla es la de “un gobierno abierto”, lo que los organismos internacionales llaman “open government”.

9. Que los ciudadanos puedan utilizar, reutilizar y redistribuir la información.

10. La información debe digitalizarse, conservarse y proporcionarse en forma gratuita y en formatos abiertos de fácil acceso.

11. Es un derecho ciudadano “el derecho a saber” que debe garantizarse en la ley.

12. La regla es: toda información debe ser pública, la excepción es el secreto.

Se considera que con estos elementos se pudiera cumplir con la obligación gubernamental de informar a los ciudadanos sobre el buen uso, no sólo de los recursos públicos, sino del ejercicio del poder que se les ha confiado.

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