Las Fuerzas Armadas: un poder letal, sin rendición de cuentas

En nuestra conversación pública ya no es extraño, salvo para los círculos promotores del oficialismo, que se reconozca a la militarización como una de las claves de la política del presente. Para estos últimos, no vale la pena siquiera hablar del asunto, a menos que sea para reiterar la indispensabilidad del Ejército para construir y gestionar caminos, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, aduanas y bancos; para repartir los recursos de la política social y, como condición básica, para hacerse cargo de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional.

Haciendo caso a la realidad, la historia del sexenio de López Obrador es la de una reorganización profunda de la estructura del Estado mexicano, con las Fuerzas Armadas readquiriendo cuotas de poder que modifican de manera definitiva el equilibrio de fuerzas entre civiles y militares. La enorme cantidad de dinero venido del presupuesto, sumada a las nuevas oportunidades para los negocios, el respaldo político y el poder de las armas, han consolidado a la Sedena como una institución con carta libre para cometer todo tipo de actos y omisiones sin tener que preocuparse por rendir cuentas ante la sociedad o cualquier otra institución.

La publicación del Segundo Informe de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, remitido al Senado el pasado 1° de febrero, sirve para profundizar sobre este último argumento. Entre otras cosas, el informe da cuenta sobre la cantidad y el resultado de los enfrentamientos entre miembros del Ejército y civiles, como parte de las operaciones contra el crimen organizado. Llama la atención la intrascendencia del tema en la conversación pública, pero también la manera en que la Sedena presenta las cifras. Nadie en el Senado, ni en los medios de comunicación, pareció interesado en revisarlas o en verificar la información. El actuar de las Fuerzas Armadas se dejó pasar, otra vez, sin supervisión alguna.

Investigaciones en el pasado arrojan, una y otra vez, la misma conclusión: el Ejército es una corporación propensa al uso de la fuerza letal, (i) que opera sin protocolos para corroborar que ese uso de la fuerza se hace conforme a los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas.(ii) Sin más, por regla, en sus conteos oficiales y comunicados de prensa, las Fuerzas Armadas se refieren a estos hechos como “agresiones” que siguen un patrón sospechosamente idéntico: siempre se trata de un patrullaje de rutina emboscado con violencia, que resulta en una gran cantidad de agresores muertos y una menor cantidad (en ocasiones cero) de heridos o detenidos.(iii)

Conforme a esta descripción oficial de Sedena, el uso de la fuerza letal de sus elementos queda sin más justificado como un acto de defensa propia frente a la delincuencia; pero sin proporcionar evidencia o rendir explicaciones adicionales que permitan saber realmente quiénes eran esas personas a quienes el Ejército dio muerte. Las Fuerzas Armadas no informan sobre qué hacía el Ejército al momento de las llamadas agresiones, o si existen las debidas constancias de lo sucedido elaboradas por el ministerio público, y tampoco sabemos dónde están o qué pasó con los heridos, los detenidos y los muertos. La falta de interrogaciones y el silencio de la clase política, como pasa hoy, alimentan un clima de opacidad e impunidad que sólo puede ser redituable para las propias Fuerzas Armadas.

De acuerdo con los reportes más actualizados de la Sedena, desde 2007 y hasta el 1° de abril de 2024, se han registrado 5,832 enfrentamientos entre personal militar y civiles, que han resultado en 5,627 presuntos agresores muertos, 880 heridos y 4,914 detenidos. Estos valores son notoriamente más elevados que el total de 356 militares muertos y 1,958 heridos en el mismo periodo. En proporción, el número de presuntos agresores muertos es 1,480 por ciento superior al número de militares muertos en enfrentamientos.

No es novedad, ni deja de ser cuestionable, que las autoridades presenten conteos o estadísticas sobre el número de muertes para presuntamente demostrar el cumplimiento de la ley o el avance de una estrategia. Sin embargo, llama la atención la manera en que la Sedena presenta los anteriores datos como un indicador de éxito, remitiéndose al conocido “índice de letalidad”.

Explicado a grandes rasgos, este último es un recurso para medir y calificar el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las corporaciones de seguridad, calculando el número de civiles muertos por cada civil herido en enfrentamientos con elementos de seguridad. Si el resultado de este cálculo arroja valores superiores a uno, es pertinente advertir sobre la existencia de patrones de abuso de la fuerza, resaltando la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas sobre el actuar de las corporaciones de seguridad. (iv) Sin embargo, lo que la Sedena llama en su informe como “índice de letalidad” no se parece en nada a lo que recién acabamos de describir.

De acuerdo con la explicación adjunta al informe, la Sedena calcula la letalidad de sus efectivos restando el número de presuntos agresores heridos y detenidos del total de presuntos agresores muertos. Si dicha operación arroja un número negativo, en palabras de la Sedena, su desempeño puede calificarse como favorable, puesto que demostraría que las Fuerzas Armadas son más efectivas para incapacitar o detener a los agresores, en vez de sólo provocarles la muerte. Desde luego, se trata de una operación extraña. No tiene sentido que el número de detenidos y el número de heridos se cuenten como dos cosas diferentes a menos que, en un acto inverosímil y criminal, los heridos en los enfrentamientos no estén siendo remitidos al ministerio público como parte de los detenidos.

Un rápido cálculo mental, a partir de los datos expuestos en la tabla anterior, muestra que, de ajustarnos al método establecido por la Sedena, con salvedad del periodo entre 2011 y 2013, en todos los años la institución alcanzó resultados favorables en cuanto al índice de letalidad. Lo que nos llevaría a concluir, como pretende la Sedena, que las Fuerzas Armadas han recurrido al uso de la fuerza letal en completo apego a la ley. Sin embargo, el método exhibe la intención verdadera. De manera engañosa, indudablemente deliberada, la Sedena calcula su letalidad mediante una doble contabilidad con la que restar valor a la gran cantidad de muertos que producen sus enfrentamientos con civiles.

En cambio, si calculamos el índice de letalidad como es debido, los resultados marchan en dirección contraria. De hecho, el índice de letalidad del Ejército durante el sexenio de López Obrador conserva valores superiores a la unidad deseada, contraviniendo la narrativa de un Ejército ajeno a los valores autoritarios y de una estrategia de seguridad enfocada en la construcción de paz. Pese a lo dicho, las Fuerzas Armadas continúan siendo tan letales como lo han sido desde el arranque de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

No hay que perder de vista que, más allá de los números e indicadores, como se ha dicho incontables veces sobre los tiempos de violencia crónica en que vivimos, hay vidas humanas arrebatadas al amparo de instituciones irresponsables. Rumbo al fin del sexenio, las reglas del juego han cambiado en favor de las Fuerzas Armadas. En los hechos, han sustituido a las policías, sin contar con la debida preparación o regulación, y sin ninguna autoridad debidamente interesada en supervisar y hacerles rendir cuentas sobres sus acciones.

El nuevo lugar de las Fuerzas Armadas en la vida pública nacional se revela en el problema de su letalidad. Los militares tienen el poder de dar muerte a ciudadanos mexicanos, para después tergiversar la información y afirmar que esas muertes son coherentes conforme al derecho y favorables conforme a la estrategia. Pueden hacerlo porque es lo que el respaldo incondicional de las autoridades civiles les ha permitido. Ese fenómeno tiene un nombre en nuestro país: militarización.

* El autor Fernando Escobar Ayala es investigador de @causaencomun.

i Véase: Alejandro Madrazo, Rebeca Calzada y Jorge Javier Romero, “La guerra contra las drogas. Análisis de los combates de las fuerzas públicas 2006-2011”, Política y Gobierno, XXV, no. 2, 2018, pp. 379-402.

ii Como se establece en: Diario Oficial de la Federación, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Artículo 4°.

iii Véase: Catalina Pérez Correa, “Cuando los ciudadanos se vuelven enemigos”, Nexos, 1° de enero de 2021.

iv Este indicador ha sido replicado por diferentes organismos internacionales, a partir de las anotaciones de: Paul G. Chevigny, “Police Deadly Force as Social Control: Jamaica, Argentina and Brazil”, Crimminal Law Forum, 1, no. 3, 1990, pp. 389-425.

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