La semana pasada, tres relevantes evaluaciones internacionales concluyeron que México enfrenta aún graves problemas de derechos humanos. Cuestionar a los mensajeros para eludir el escrutinio crítico es infructuoso: en los temas torales hay coincidencia y son objetivas las preocupaciones que señalan, por separado, el Departamento de Estado de EUA, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe del Departamento de Estado se publicó, como ocurre desde hace casi 50 años, para que las y los legisladores de los Estados Unidos decidan con mayor información a qué países brindan fondos de cooperación internacional. Los reportes de este tipo son una fuente útil de información e incluyen a casi 200 países de seis diferentes regiones. Su publicación nunca ha estado exenta de polémica. Como recordamos en este espacio en 2023, Amnistía Internacional ha criticado -por ejemplo- que estos reportes analizan de forma benevolente a algunos países aliados de Estados Unidos. Pero más allá de esta polémica, lo que señala este año el reporte sobre México es inobjetable.
En siete secciones, el reporte hace un balance sobre la persistencia en México de violaciones a derechos humanos que quedan impunes. Y si bien reconoce algunos avances, como por ejemplo la paulatina implementación de la reforma laboral, identifica problemas graves que no han sido revertidos. Así, señala que:
“Entre los principales problemas de derechos humanos figuraron informes fidedignos de homicidios ilegítimos o arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; detenciones o encarcelamientos arbitrarios; graves problemas con la independencia del Poder Judicial; graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, incluida la violencia contra periodistas y la aplicación o amenaza de aplicación de leyes penales sobre difamación para limitar la expresión; grave corrupción gubernamental; violencia de género generalizada, incluida la violencia doméstica o de pareja, la violencia sexual, la violencia en el lugar de trabajo, el matrimonio infantil, precoz y forzado, el feminicidio y otras formas de este tipo de violencia; delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer o intersexuales; delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidad, y restricciones significativas o sistemáticas de la libertad de asociación de los trabajadores, incluidos delitos de violencia e intimidación contra los trabajadores. [...] Elementos delictivos, incluidas bandas locales y transnacionales y narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno e intimidación”.
Muchos de estos señalamientos coinciden con los que formula Amnistía Internacional en su análisis sobre México, desarrollado en su más reciente Informe Anual, también publicado hace unos días. Ahí, la organización señala que:
“Los homicidios y las desapariciones forzadas habían aumentado en los 16 años que los militares llevaban participando en las operaciones de seguridad pública. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que los miembros de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional (la institución encargada de hacer cumplir la ley a nivel federal) habían cometido violaciones graves de derechos humanos en 28 casos, incluidos varios crímenes de derecho internacional, tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al considerar que la Constitución establecía expresamente que la Guardia Nacional era una entidad civil y que sus acciones debían estar dictadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En octubre, la presidencia insistió en que la Guardia Nacional había obtenido buenos resultados y propuso enviar otra solicitud al Congreso para que esa institución pasara a formar parte de la Sedena, negando las denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas por víctimas, organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos. La falta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información continuó lastrando a la Sedena”.
Finalmente, la CIDH también expresó preocupación por la situación del País. Así, en las conclusiones del capítulo V, donde actualiza su seguimiento a las 80 recomendaciones concretas que monitorea desde que emitió su último informe de país en 2015, la CIDH enfatiza:
1. La Comisión observa con preocupación la necesidad de medidas de cumplimiento de las recomendaciones emitidas respecto al contexto de militarización. Al respecto, si bien durante los años anteriores el Estado informó acerca de un plan gradual de retiro de las FFAA de la realización de funciones de seguridad pública, la Comisión observa que los últimos años representan un retroceso. Al respecto, identifica que se han prolongado los plazos establecidos previamente para el retiro de las FFAA de las funciones de seguridad pública y que habría una persistencia del actual gobierno en fortalecer a la Secretaría de la Defensa Nacional por encima del órgano policial de carácter civil. Asimismo, la Comisión reitera que la situación de violencia e inseguridad en México, generada por el accionar de grupos del crimen organizado junto con una respuesta militarizada, tiene como consecuencia un incremento en graves violaciones de derechos humanos.
2. Así, para 2023, la CIDH identifica que continúa siendo de especial preocupación el elevado número de desapariciones sin una debida investigación, así como la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica. La Comisión observa con preocupación la falta de coordinación entre las autoridades involucradas en las búsquedas e investigaciones, tanto a nivel local como federal. De la misma manera, la Comisión reitera la importancia de fortalecer los registros, sistematización y procesamiento de la información. Asimismo, la Comisión observa que, si bien el Estado ha implementado acciones para atender la crisis de desaparición, es necesaria la implementación de políticas públicas de prevención. Además, para la CIDH hay un desafío relacionado con la falta de acceso a la justicia. Resulta fundamental reforzar los esfuerzos para romper con el ciclo de impunidad a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos y, de esta manera, lograr que los avances normativos generen cambios reales en la vida cotidiana de las personas. La CIDH resalta que la información presentada por el Estado no contiene información de los órganos de procuración de justicia, ni de medidas concretas para la eliminación de la figura del arraigo del ordenamiento jurídico mexicano.
En suma: tres perspectivas, tres evaluaciones críticas, tres visiones que coinciden en que hay preocupaciones fundadas. A ojos de otra nación vecina, de la más relevante organización internacional no gubernamental, y del principal órgano de protección del continente, los problemas de derechos humanos persisten en México. Y es que no puede afirmarse, sin faltar a la verdad, que ya no existan en el país violaciones a derechos humanos. No se puede tapar el sol con un dedo, ni evadir un mensaje verdadero socavando al mensajero. Los derechos humanos son universales.
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