El noveno aniversario del caso Ayotzinapa dejó tras de sí un aluvión de información que fácilmente puede anegar cualquier intento de comprensión. Enseguida, intentaremos destacar lo más relevante.
Primero, el miércoles 20 de septiembre los padres y las madres se reunieron con el Presidente de la República. Ahí, el Gobierno Federal priorizó hablar sobre su balance del caso, mientras que las familias querían conversar sobre la entrega de los documentos militares identificados como relevantes para esclarecer el caso por las y los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El diálogo fue ríspido. Se sugirió que las familias estaban manipuladas y éstas exigieron, con firmeza y dignidad, respeto. En ese marco, padres y madres entregaron un documento identificando concretamente la información faltante y pidieron que no se los respondiera inmediatamente, sin antes hacer un esfuerzo por buscar el resto de la información. Para este fin, se les citó a una nueva reunión en Palacio Nacional el 25 de septiembre.
Con la esperanza de recibir la información faltante, pero sabiendo que sin movilización su voz no sería escuchada, los padres y las madres instalaron al día siguiente un plantón afuera del Campo Militar Número 1.
La reunión del lunes 25 fue también ríspida. Dos elementos detonaron la molestia de las familias. Primero, el que por un lado les fuera leído un oficio del General Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), con el que el Ejército buscó presentar cuentas alegres sobre su cooperación en el caso, negando que existiera más información pendiente y remitiendo a las familias de forma irrespetuosa a entrevistar a Gildardo López Astudillo. Que con semejante respuesta indolente la Secretaría de la Defensa Nacional no le diera la cara a las familias, sólo aumentó el agravio. Segundo, el que se les leyera un tendencioso documento de poco más de 30 páginas titulado “narrativa de hechos” que según se les dijo había preparado el Gabinete de Seguridad, que hoy no es más que una caja de resonancia de las Fuerzas Armadas.
El contenido de este texto agravió a las familias pues en efecto se aproxima a la llamada “verdad histórica”: al criminalizar a los estudiantes, sobre todo a Bernardo Flores Alcaraz, una y otra vez estigmatizado sin pruebas antes como ahora; al emplear como pruebas declaraciones poco fiables, obtenidas bajo tortura; al retomar desenlaces cruentos de los estudiantes sobre la base de testimonios poco fiables no confirmados con prueba objetiva; al utilizar las inverificables capturas de pantalla de WhatsApp como evidencia; al no pronunciarse sobre la llamada “verdad histórica”, y al presentar de forma muy limitada el contexto criminal de Iguala, renunciando a emplear a cabalidad la prueba obtenida de las conversaciones digitales que por vía de chats sostuvieron actores criminales y que obtuvieron, mediante una intervención legal, las autoridades norteamericanas (chats que, por cierto, se dijo que se harían públicos, lo que hasta ahora no ha ocurrido). Molestas, las familias se levantaron de la mesa sin recoger los documentos que se les ofrecían.
Por esa razón, ese mismo día y durante la nutrida marcha del 26 de septiembre, las familias denunciaron con la dignidad que les ha caracterizado siempre que el Ejército continuaba obstaculizando el acceso a la verdad y reclamaron también el contenido del documento de “narrativa de hechos”, por lo que regresaron a su plantón.
Al día siguiente, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación presentó su propio informe sobre los hechos. Éste se diferenció tanto del documento signado por el Secretario de la Defensa como del texto de la “narrativa de hechos”. Así, en la presentación se aceptó que había información faltante y se refirió a la llamada “verdad histórica” como una construcción ordenada desde el más alto nivel del anterior gobierno. Además, se evitó usar las inverificables capturas de pantalla de Whatsapp y no se acudió a declaraciones viciadas por haber sido obtenidas mediante tortura.
También se citaron profusamente los chats de Chicago, que muestran la profunda colusión de Guerreros Unidos con autoridades de todos niveles, incluyendo al Ejército, lo que deliberadamente quiso dejar de lado la llamada “verdad histórica”. Incluso en lo referente a la ausencia de líneas de investigación que conduzcan a paraderos en vida, el informe se distanció de la revictimizante “narrativa de hechos” (presentado por el Gabinete de Seguridad), al no ahondar en detalles cruentos no comprobados, y más bien trató este tema con empatía reiterando que, más allá de los estándares jurídicos, a nueve años es inhumano dar falsas expectativas de vida a las familias y las autoridades están obligadas a ser extremadamente serias en este tema, posición que desde el Centro Prodh siempre hemos secundado.
Un tema que, sin embargo, hermana ambos reportes oficiales y a la propia investigación de la UEILCA -y que aún debe clarificarse- es el de la verificación de los dichos de los testigos de identidad reservada, sobre todo en aspectos donde la sola declaración de una persona es insuficiente por requerirse prueba objetiva adicional para dar por ciertos determinados hechos. Un ejemplo de ello es el inverosímil dicho de uno de estos fantasiosos informantes, reproducido tanto en la “narrativa de hechos” como en el reporte de la Presidencia de la COVAJ, y también en las acusaciones de la UEILCA, por cierto, quien afirma que el asesino de Julio César Mondragón Fontes lo habría desollado para después ponerse su rostro a manera de máscara siniestra para tomarse una fotografía.
Por doloroso que sea aludir a estos detalles cruentos, versiones como esta deben revisarse y analizarse a fondo, así como verificarse con peritajes médicos y de antropología física, retomando por ejemplo el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para determinar si semejante brutalidad es siquiera posible científicamente, antes de dar por cierto el relato. La experiencia le ha mostrado a las familias que en México siempre será legítimo y necesario exigirlo así.
Ponderando sobre todo la aceptación de que el ofensivo escrito del General Secretario de la Defensa Nacional no puede ser la última palabra sobre el acceso a los documentos castrenses, las familias decidieron suspender su plantón en el Campo Militar a la espera de que se abran rutas para recuperar esta información, que incluye todos los datos generados por la ilegal infiltración de la Normal Rural por parte del Ejército, así como los documentos generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, incluyendo las intervenciones telefónicas ilegales que la Sedena estaba realizando en tiempo real a actores que resultaron involucrados en los hechos. Las familias, lo dejaron claro, no cesarán en esta exigencia.
En el marco del noveno aniversario, cabe resaltar por último, los reclamos de las familias fueron respondidos desde la conferencia matutina presidencial con descalificaciones hacia los organismos internacionales de derechos humanos y hacia las organizaciones de la sociedad civil que hemos acompañado a las familias, para distraer la atención de lo fundamental. En esta ocasión estas descalificaciones alcanzaron también a quien fuera Fiscal del caso, luego de que el periodista John Gibler publicara una larga entrevista donde brindó su versión sobre lo ocurrido en el caso el año pasado. Frente a las descalificaciones a su persona es necesario refrendar que su labor a la cabeza de la UEILCA contribuyó a algunos de los resultados que hoy se presentan como avances de proceso; más en el presente cuando el actual titular se dedica a desmantelar ese esfuerzo.
A 9 años de los hechos, pese a que hoy rinden cuentas múltiples personas, sobre todo por irregularidades y violaciones a derechos humanos durante la investigación, y sin dejar de reconocer algunos avances de proceso, Ayotzinapa es todavía una herida abierta, sin que la verdad y la justicia sean plenas. Esto es lo más relevante, pese a que la coyuntura electoral actual ponga más interés en aspectos del caso que se relacionan con este momento presente, como los relacionados con personas que aspiran a un cargo de elección popular.
Los padres y las madres de los normalistas seguirán en su digna lucha que es sobre todo por la verdad, dando como lo han dado desde hace 9 años un ejemplo de unidad y de amor a sus hijos, hermanados con tantas otras familias que también buscan a quienes les hacen falta. En medio de tanta información asociada al caso, no hay que soslayar esto pues es lo esencial.
